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“Entran más casos de los que se resuelven”: informe sobre justicia en Colombia

W Radio revela detalles del documento en el que el prestigioso centro de pensamiento en Washington hace un mapa de cómo percibe la ciudadanía en Colombia a la justicia en diferentes temas como arbitraje.

Imagen de referencia de justicia. Foto: Getty Images.

Imagen de referencia de justicia. Foto: Getty Images. / boonchai wedmakawand

W Radio tuvo acceso este miércoles 31 de julio al documento titulado ‘Iniciativa de Juego Limpio por la Justicia: La clave para mejorar la impartición de justicia en Colombia’, el cual fue elaborado en Washington D.C. por parte del Atlantic Council –un reconocido centro de pensamiento en Estados Unidos– y la Universidad Javeriana de Colombia.

Lea también:

El informe de 28 páginas evidencia varios problemas que afronta Colombia en materia judicial.

Por ejemplo, señala que el sistema de justicia de Colombia está a plena capacidad:

  • “Cada año, ingresan más casos al sistema de los que se resuelven. Entre 1996 y 2022, la población colombiana creció un 39 por ciento (de 37 millones a 52 millones), mientras que la demanda de justicia (medida por el número de casos presentados) por cada cien mil habitantes se duplicó (de 2,600 a 5,200). En la práctica, esto significó que el número de casos presentados por día creció un 258 por ciento, y el número de casos que ingresaron al sistema creció un 172 por ciento. Aunque el número de casos entrantes ha tenido un aumento relativamente constante durante la última década, los datos sobre los casos resueltos muestran que las diferentes jurisdicciones concluyen menos casos cada año en comparación con los que se presentan. Esta tendencia resulta en una acumulación de casos que deben ser decididos”.

Advierte el reporte que el sector privado colombiano considera que el arbitraje es el camino más imparcial e independiente y uno de los más efectivos y rápidos hacia la justicia.

Cuando se les preguntó puntualmente a los encuestados sobre la asignación de casos a jueces o funcionarios, el 76 por ciento de los entrevistados estuvieron total o mayormente de acuerdo en que esta asignación es transparente:

  • “De manera similar, cuando se les preguntó sobre los costos para acceder a la justicia, el sector privado clasificó el arbitraje como el segundo mejor camino hacia la justicia, con un 64 por ciento de las empresas total o mayormente de acuerdo en que los costos son razonables para obtener asesoría legal. En general, el sector privado clasificó el arbitraje como el tercer mejor camino hacia la justicia. Las empresas tienen una opinión igualmente positiva sobre la conciliación: este mecanismo ocupa el primer lugar en la percepción del sector privado de garantizar el debido proceso (el 76 por ciento de las empresas están total o mayormente de acuerdo en que el debido proceso está garantizado). La conciliación ocupa el tercer lugar en términos de tiempo y eficiencia, y, lo más importante, es clasificada en general como el segundo mejor camino hacia la justicia por el sector privado”.

En otro de los apartes, se advierte que, a pesar de un número constante de casos entrantes durante la última década, los datos muestran que cada año se resuelven menos casos de los que se presentan, lo que lleva a un atraso y un aumento de la carga de trabajo. Las variaciones geográficas en la carga de trabajo sugieren la posibilidad de reasignar ciertos tipos de casos a nivel regional para mejorar la eficiencia.

Actualmente, señala el reporte, “Colombia carece de un mecanismo efectivo de filtrado para diferenciar entre casos con mérito y casos frívolos”.

  • “Implementar un mejor sistema de triaje podría mejorar la eficiencia sin sacrificar el acceso universal a la justicia, especialmente para aquellos que lo necesitan. El acceso ilimitado actual limita efectivamente el acceso práctico debido a la incapacidad del sistema para manejar todos los casos de manera oportuna. La Comisión Nacional de Disciplina Judicial debería seguir refinando los estándares para restringir y castigar el litigio frívolo”.

En ese sentido, agregan lo siguiente:

  • “Dado que la falta de recursos no es el problema principal y que el costoso arbitraje disfruta de una alta legitimidad entre las empresas colombianas, podría haber una oportunidad para considerar cobrar tarifas por ciertos tipos de disputas. Dicho esto, la introducción o el aumento de tarifas judiciales o administrativas para casos o usuarios específicos debe sopesarse cuidadosamente, ya que corre el riesgo de limitar aún más el derecho universal de acceso a la justicia, especialmente para las poblaciones vulnerables”.

De hecho, en la introducción se advierte que la “falta de eficiencia en el sistema de justicia de Colombia tiene implicaciones significativas para el futuro de la inversión extranjera, la cual es esencial para impulsar el crecimiento económico”.

  • “En 2023, la inversión en Colombia disminuyó casi un 25 por ciento. Históricamente, más del 29 por ciento de la inversión extranjera directa (IED) del país proviene de empresas estadounidenses. Aunque la disminución en la inversión no se atribuye directamente a las ineficiencias en el sistema de justicia de Colombia, los problemas no resueltos podrían llevar a las empresas extranjeras a buscar procesos más eficientes en otros países. A pesar de la significativa inversión de Estados Unidos destinada a fortalecer el estado de derecho en Colombia—resultado de una asociación de larga data para reforzar los principios democráticos y la prosperidad económica—este problema continúa afectando a empresas de todos los tamaños, siendo las más pequeñas las que enfrentan mayores dificultades”.

Entre las recomendaciones que hace el reporte está mejorar la gobernanza judicial como algo esencial para abordar los problemas sistémicos, los obstáculos de gestión y las amenazas a la independencia e imparcialidad judicial en Colombia.

De igual manera, piden mejorar los indicadores de desempeño del sistema de justicia:

  • “Esto requiere mejorar los indicadores de desempeño, optimizar la gestión de datos judiciales, aumentar la transparencia, asegurar una responsabilidad sólida y reforzar la ética y la integridad dentro del sistema de justicia. Estas acciones ayudarán a combatir la corrupción, evaluar y mejorar los servicios de justicia basados en el logro de objetivos sociales, y fortalecer la confianza pública en el sistema de justicia”.

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