El expediente de la UNGRD en la Corte Suprema sumó dos testimonios más de congresistas
Miguel Ángel Pinto y Lorena Ríos acudieron al alto tribunal para declarar en medio de la indagación preliminar en contra de Iván Name y Andrés Calle.
Crédito: UNGRD
La investigación que adelanta el despacho del magistrado Francisco Farfán en la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia por el entramado de coimas de la UNGRD acumuló este miércoles dos testimonios de congresistas que fueron clave en el trámite de la fracasada reforma a la salud: Miguel Ángel Pinto y Lorena Ríos.
Ríos, del partido Colombia Justa Libres, fue vicepresidenta de la Comisión Séptima del Senado, donde la reforma sanitaria y la pensional del gobierno de Gustavo Petro tuvieron uno de sus debates. La defensa del expresidente del Senado Iván Name, salpicado en el escándalo de corrupción por presuntamente haber recibido sobornos, pidió escucharla.
Según sus declaraciones a medios de comunicación al salir de la diligencia, que tardó unas tres horas, la senadora tuvo que responder sobre su postura “en la construcción de las ponencias de archivo en la reforma a la salud y en la pensional”, sobre su papel en la mesa directiva de la Comisión y sobre su oposición a las iniciativas del Ejecutivo.
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El turno de Pinto, del Partido Liberal, llegó en la tarde. Al arribar a la sede del norte de Bogotá de la Corte Suprema, manifestó, frente al expresidente Name, que no cree que “hayan comprado su participación en el proceso” que terminó hundiendo la propuesta de cambiar el sistema de salud. “Él siempre estuvo en contra”, añadió.
La Sala Especial de Instrucción lleva a cabo varios procesos para tratar de esclarecer qué ocurrió con el dinero presuntamente desviado de la Unidad de Gestión del Riesgo. Según los testimonios de sus exdirectivos Olmedo López y Sneyder Pinilla, el Gobierno impartió órdenes para entregar contratos y millonarias sumas a congresistas.
Quienes aparentemente recibieron más, de acuerdo con os exfuncionarios, fueron Iván Name, con $3.000 millones, y el expresidente de la Cámara de Representantes Andrés Calle, con $1.000 millones. La idea de la plata habría sido favorecer el trámite de las reformas sociales del Gobierno, según el visto bueno del exdirector del Dapre Carlos Ramón González.
El despacho del togado Farfán ha decretado varias pruebas. Entre los testimonios que faltan están el del senador Honorio Henríquez, del Centro Democrático, quien deberá acudir al alto tribunal el 13 de agosto, un día antes del congresista Alejandro Carlos Chacón, del Partido Liberal. El secretario del Senado, Gregorio Eljach, deberá responder el 2 de agosto.