JEP: ofertas de políticos y empresarios para reparar víctimas se “rajaron” penosamente
La W conoció un informe reservado en el que la secretaría ejecutiva de la jurisdicción calificó las propuestas de reparación que entregaron 15 parapolíticos, entre otros. Algunas, según ese órgano, no pasan ni siquiera de la mera promesa.
![Álvaro Ashton y Zulema Jattin. Foto: Colprensa / Camila Díaz y José Ruiz](https://www.wradio.com.co/resizer/v2/AX7FAWBYFRDNPMYU5AXEDPIRME.jpg?auth=8510abd03dbc246ad75400f982195083bc33d8c6dcca11bad4ad094dd180589f&width=650&height=488&quality=70&smart=true)
Álvaro Ashton y Zulema Jattin. Foto: Colprensa / Camila Díaz y José Ruiz
La W tuvo acceso a un informe reservado de 68 páginas que la Secretaría Ejecutiva de la JEP entregó a los magistrados encargados de resolver la situación de los llamados “terceros”, es decir parapolíticos, supuestos parapolíticos, financiadores de las AUC, exfuncionarios, entre otros, y que deja preocupantes conclusiones sobre cómo repararían a las víctimas estos postulados.
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En el documento fueron analizadas cada una de las ofertas que entregaron 15 de los comparecientes más importantes que tiene la JEP en su poder: entre ellos David Char Navas, Trino Luna, el exsenador Álvaro Ashton, el exrepresentante Rodrigo Roncallo, el exalcalde Wilson Chaverra, el exsenador Julio Manzur entre otros. A varios de los 15 les fue muy mal.
Uno de los peores calificados fue el exsenador Álvaro Ashton. Ninguna de sus cuatro propuestas de indemnización a las víctimas superó 4 puntos de 10 en la calificación total, cuando ya han pasado cerca de 6 años desde que arrancó su trasegar dentro de la JEP.
Por ejemplo, las Brigadas de Salud, las Becas y una Fundación para la No Repetición que prometió para la población víctima en Soledad y el Atlántico, que fueron las “mejor” calificadas, apenas superaron el 20% sobre el 100% total. Su oferta para participar en programas académicos como “conferencista” ni siquiera superó los 10 puntos.
“Es necesario que el compareciente complemente detallando elementos propios de la valoración restaurativa de las mismas, especialmente en lo que corresponde con acciones en clave de factibilidad tales como financiación, presupuesto, gestión administrativa y, contractual del personal que desarrollará las acciones, condiciones de seguridad, roles específicos que realizaría el compareciente” señala el informe frente a Ashton.
Otro de los casos de los terceros que se “rajaron” por el momento, es el de la exsenadora Zulema Jattin. La excongresista y confesa parapolítica obtuvo una muy baja calificación frente al “Taller de Escritura” que propuso para reparar a las víctimas (17 puntos de 100).
En igual sentido le fue con la propuesta de un programa televisivo y radial para víctimas y excombatientes, apenas obtuvo un 15% del 100% total sumando los cuatro indicadores de medición (que sean elegibles, que sean sostenibles, que tengan impacto potencial y sean factibles de hacer).
En relación con el caso de la minera Drummond, dos de los principales testigos de la JEP en el proceso, Jaime Blanco Maya y Jairo de Jesús Charris, también salieron muy mal calificados. Sus proyectos de reparación, tendientes en su mayoría a actos de perdón público y monumentos de conmemoración a las víctimas apenas sobrepasaron los 10 puntos de 100 sumandos los cuatro indicadores en la medición que hizo la Secretaría Ejecutiva.
En el campo de los comparecientes que salieron medianamente bien librados en la evaluación de los proyectos que presentaron se encuentran el exsenador David Char, representado por la oficina del abogado Mauricio Pava, quien obtuvo 55 puntos de 100 en puntos como la sostenibilidad integral de su proyecto productivo para las víctimas relacionado con el cultivo de ají y maíz. Al mismo tiempo su Centro Educativo para capacitar temas agropecuarios obtuvo un 72% de 100% en sostenibilidad integral, aunque el resto de los indicadores oscilan entre el 33% y el 16%.
Las otras cuatro iniciativas de Char Navas se mantuvieron en la media de los otros comparecientes, baja calificación por debajo de los 4 puntos sobre 10.
El exgobernador del Caquetá, Álvaro Pacheco, frente a su propuesta de construir un Centro Cultural para la construcción de Paz en la Amazonía tuvo una calificación media, superior a los 70 puntos de 100, pero el gran reto de acuerdo con la Secretaría Ejecutiva, será hacerlo posible, así como su sostenibilidad integral. En ese ítem apenas obtuvo 19 puntos de 100 posibles.
Trino Luna, con su propuesta de una Granja Escuela Agroecológica también logró un 23% de los puntos disponibles, mientras que su oferta de un Programa de Capacitación y Promoción de los Derechos Humanos sólo logró una calificación admisible, 37%, en el criterio de elegibilidad, en los otros tres fue muy baja.
En relación con terceros vinculados a la JEP procesados por la masacre de El Aro, los hermanos Angulo Osorio, la propuesta de Jaime Angulo de entregar un lote de 300 hectáreas para las víctimas fue considerada como una oferta potencial, pero debe ampliarse la información. Por esto apenas superó 4 puntos de 10. Su hermano Francisco Antonio quien propuso la realización de cinco actos de perdón obtuvo solo 55 puntos del total 100 en uno de los cuatro indicadores, en los otros le fue mal.
En el caso de otros terceros como la exalcaldesa de Los Córdobas, Rosangela Solano Díaz, su “rajada” fue monumental, alcanzando apenas niveles máximos de 20 puntos sobre 100 totales en su propuesta, que de hecho ofrece apenas “contribuir con la verdad” (algo que debería ser un compromiso inherente) y sólo en el evento en que se “declare su responsabilidad” (tirándole el balón a la JEP).
El exalcalde de Vigía del Fuerte, Wilson Chaverra, también tuvo malas calificaciones frente a los proyectos que ofreció, el exsubdirector de seguridad de Ecopetrol en Barrancabermeja, José González, también se “rajó” en este informe, en igual sentido que el exrepresentante a la cámara, Rodrigo de Jesús Roncallo.
Así las cosas, desde la Secretaría Ejecutiva se concluyó en un llamado a que los proyectos restaurativos realmente generen “cambios significativos” en relación con la “recomposición del tejido social”, la alineación con las actividades judiciales y políticas de paz en “territorios específicos”, así como su “contribución a la reparación simbólica”.
Fuentes consultadas dentro de la jurisdicción coincidieron en la preocupación frente a la demora en la concreción de estos proyectos, al tratarse de comparecientes que llevan entre 3 y 6 años en la JEP, por lo que se consideró este informe como una oportunidad para que esas propuestas de reparación sean “actualizadas” y se pueda determinar por parte de los magistrados la viabilidad y el inicio de estas.
En el medio están las víctimas esperando reparación y los comparecientes deben cumplir con todas sus obligaciones, no solo algunas.