Procuraduría sigue acuerdos entre emberás y Unidad de Víctimas por asentamientos en Bogotá
La Procuraduría encabezó una reunión en la Defensoría del Pueblo, uniendo a entidades nacionales y distritales con representantes de las comunidades Embera Katío y Chami, por presunto incumplimiento de compromisos con los indígenas asentados en la Unidad de Protección Integral (UPI) La Florida, en Bogotá.
Foto: Colprensa / Lina Gasca
El pasado 24 de julio, la Procuraduría General de la Nación lideró un encuentro en la Defensoría del Pueblo, reuniendo a entidades nacionales, distritales y representantes de las comunidades Embera Katío y Chami. El objetivo fue abordar el presunto incumplimiento de compromisos previos con los indígenas asentados en la Unidad de Protección Integral (UPI) La Florida, en Bogotá.
Durante la reunión, se estableció la realización de una mesa de trabajo el próximo 5 de agosto en la UPI La Florida, convocada por la Unidad de Víctimas, para discutir el retorno y posibles reubicaciones de la comunidad Embera. Este espacio busca atender las peticiones de los indígenas y encontrar soluciones concretas a sus demandas.
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Entre los acuerdos alcanzados, destaca la caracterización de la comunidad Embera que será reubicada, así como la capacitación de sus líderes en fortalecimiento de competencias para el autogobierno. Además, se acordó dotar a la Guardia Indígena con los recursos necesarios para su labor.
El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) se comprometió a seguir brindando apoyo psicológico, nutricional y educativo a menores de edad, madres gestantes y lactantes a través de dos unidades móviles. También se evaluará la implementación de la “Modalidad Propia e Intercultural para la Atención a la Primera Infancia” para mejorar la atención a esta población.
La Procuraduría enfatizó la importancia de cumplir con los compromisos adquiridos, y anunció que hará seguimiento a su ejecución. En caso de incumplimientos, se tomarán medidas disciplinarias. Sin embargo, también recordó la necesidad de respetar los procedimientos y tiempos de contratación de las entidades involucradas para asegurar la viabilidad de las soluciones propuestas.
La reunión se produjo en un contexto de tensión creciente, luego de que miembros de la comunidad Embera tomaran la sede de la Procuraduría en Bogotá, exigiendo una respuesta a sus demandas.
La mesa de trabajo programada para el 5 de agosto representa una oportunidad para avanzar en la resolución de esta crisis.
