Ministerio de Salud publica fecha para entregar cuestionada licitación
Se está a la espera de la publicación del informe de evaluación actualizado que debe darse a conocer antes de la adjudicación.
Imagen de referencia sobre firma // Getty images
La audiencia de adjudicación del contrato del Ministerio de Salud, que supera los $24.000 millones para la gestión de servicios tecnológicos, ha sido reprogramada para el viernes 26 de julio a las 2:00 de la tarde Esta licitación había sido pospuesta previamente debido a posibles irregularidades en el proceso.
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El proceso de licitación ha estado bajo escrutinio debido a serias denuncias y alertas por parte de la Procuraduría General de la Nación.
La Procuraduría lanzó una alerta tras detectar una modificación en el cronograma de la licitación mediante una adenda, cambiando la fecha de publicación del informe de evaluación de ofertas, lo cual generó sospechas sobre la transparencia del proceso.
El procurador delegado subrayó que esta modificación extendió el plazo de la licitación de 5 días hábiles (del 2 al 8 de julio) a 11 días hábiles (hasta el 16 de julio), lo que podría contravenir el numeral 9 del artículo 30 de la Ley 80 de 1993, según una carta emitida con carácter urgente.
Investigaciones adicionales realizadas por W Radio revelaron más irregularidades en el informe de evaluación definitivo. En este informe, se destacó a la Unión Temporal TECNOLOGÍA INTEGRAL 24-26 como la proponente con mayor puntaje. Sin embargo, se descubrió que los integrantes de esta unión temporal, compuesta por las empresas Pear Solution e Intevo SA – ambas de propiedad de Carlos Andrés Barahona – se autocertificaron, lo cual infringe las normas establecidas en el Pliego de Condiciones. Estas normas prohíben las certificaciones emitidas por los mismos proponentes o sus empresas asociadas.
El informe revela además que la certificación utilizada para cumplir con los requisitos del pliego fue emitida por la empresa PC SMART TECHNOLOGY, también de propiedad de Barahona, lo que pone de manifiesto un conflicto de intereses y una violación clara de las reglas establecidas.
La comunidad espera la publicación del informe de evaluación actualizado, y la atención se centra en las próximas decisiones del Ministerio de Salud y de la Procuraduría en relación con este controvertido proceso de adjudicación.