Supersalud inició proceso sancionatorio contra Fiduprevisora
La Fiduprevisora S.A. tiene cinco días hábiles para que ejerza el derecho a la defensa y contradicción.
Supersalud imagen de referencia. Foto: Twitter Supersalud.
La Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud) ha iniciado un procedimiento administrativo sancionatorio contra la fiduciaria La Previsora S.A., entidad encargada de administrar los recursos del régimen de salud del Magisterio.
Esta acción surge tras detectar presuntas omisiones y barreras en el acceso al derecho a la salud de poblaciones vulnerables, como niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.
Según informes de la Supersalud, entre el 1 y el 19 de mayo de 2024 se recibieron 3712 reclamaciones de salud por parte de maestros y beneficiarios del régimen de excepción del Magisterio. De estas, 2923 permanecían sin atender al corte del 19 de mayo, representando solo un 21.26% de respuestas.
Entre los casos más preocupantes se encuentran cinco reclamos relacionados con menores y adultos mayores con enfermedades graves como cáncer y VIH/SIDA.
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Estos casos, calificados como prioritarios, no recibieron el servicio de salud adecuado y oportuno, lo que llevó a algunos pacientes a recurrir a la tutela para exigir sus derechos.
La Supersalud también señaló que La Previsora S.A. no respondió oportunamente a los requerimientos de la Superintendencia Delegada para la Protección al Usuario.
Además, se detectaron incumplimientos en las instrucciones impartidas y falta de soluciones efectivas a las PQRD (Peticiones, Quejas, Reclamos y Denuncias), lo que evidenció barreras de acceso al derecho fundamental a la salud.
Luis Carlos Leal Angarita, Superintendente Nacional de Salud, aseguró que la misión de la entidad es garantizar el respeto al derecho a la salud en todo el territorio nacional, sin importar el régimen de afiliación. “Continuaremos trabajando para asegurar que este derecho sea una realidad en todo el país”, afirmó Leal Angarita.
La Fiduprevisora S.A. está ahora bajo la lupa de la Supersalud, que tiene la facultad de imponer sanciones que pueden incluir desde una amonestación escrita hasta multas de entre 200 y 8000 salarios mínimos legales mensuales vigentes para personas jurídicas.
También podrían aplicarse medidas más drásticas, como la revocatoria parcial o total de la autorización de funcionamiento, la suspensión de servicios o la remoción de representantes legales en casos de dolo o negligencia grave.
La entidad sancionada tiene un plazo de cinco días hábiles para ejercer su derecho a la defensa, presentar pruebas y ofrecer explicaciones que puedan esclarecer los hechos investigados.