Fiscalía archivó denuncia de JEP sobre Santrich: “no hubo fraude ni se ocultaron pruebas”
Se logró demostrar que la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez no incurrió en ninguna conducta ilegal relacionada con la extradición del excomandante guerrillero.
La Fiscalía General de la Nación archivó la denuncia que en marzo de 2023 interpuso la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) contra exfuncionarios del ente investigador por el supuesto ocultamiento de pruebas dentro de la investigación que se adelantaba contra Seuxis Paucias Hernández Solarte alias ‘Jesús Santrich’ en el marco del proceso de extradición.
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En un documento de 35 páginas, el fiscal décimo delegado ante la Corte Suprema de Justicia argumentó su decisión sobre el caso del fallecido excomandante guerrillero.
Según el funcionario judicial, las conductas por las que –entre otras personas– fueron denunciados la entonces directora de Asuntos Internacionales Ana Fabiola Castro Rivera y el investigador Javier Cárdenas, del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), no incurrieron en cargos como fraude a resolución judicial o administrativa de policía ni ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio.
En el documento, se lee lo siguiente:
- “La doctora ANA FABIOLA CASTRO RIVERA cumplió todos los requerimientos hechos por la Sección de Revisión del Tribunal para la Paz de la JEP y la Corte Constitucional con base en las normas nacionales e internacionales que la regulaban, así como del material con el que ella contaba en el expediente de extradición referido”.
Además, se consideró que el investigador Cárdenas tampoco cometió conductas delictivas.
De esta manera, quedó claro que la Fiscalía en cabeza de Néstor Humberto Martínez no incurrió en ninguna actuación irregular con respecto a las solicitudes que en su momento hizo el tribunal de paz.
- “Como ya quedó decantado en el análisis del otro tipo penal objeto de indagación, la doctora ANA FABIOLA CASTRO RIVERA, en su condición de Directora de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación, no podía disponer de la entrega de los elementos materiales probatorios que insistentemente reclamaba la Sección de Revisión del Tribunal para la Paz de la JEP, pues estos hacían parte de la investigación penal que adelantaban las autoridades norteamericanas en contra de Hernández Solarte”.
Además, el documento con el que se archivó la denuncia indicó que “aunque es cierto que la Fiscalía General de la Nación, representada por la mencionada directora, había actuado como autoridad central en el territorio colombiano para el recaudo de algunas de las pruebas, tal condición no suponía la facultad de disposición de los elementos de prueba, pues la realización de asistencias judiciales no desliga o aparta de la competencia al país requirente”.