Niegan libertad de Álvaro García por considerarlo “un peligro para la sociedad”
Según el abogado de Álvaro ‘El Gordo’ García, el excongresista ya cumplió con la pena máxima que le puede ser impuesta por la masacre de Macayepo, que son 18 años de prisión, ya que han pasado más de 25 años de su privación de la libertad.
Álvaro García | Foto: Colprensa
La Corte Suprema de Justicia estudió una solicitud de libertad del parapolítico Álvaro García Romero, alías ‘El Gordo’, con la que elevó varias peticiones al alto tribunal.
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Entre ellas, ‘El Gordo’ García pidió la libertad provisional o, en su defecto, la sustitución de la medida de aseguramiento por una no privativa. Esto, bajo el argumento de que ya cumplió con la pena máxima que posiblemente le puede ser impuesta por la masacre de Macayepo, que son 18 años, dado que, desde la fecha de su privación de la libertad, han transcurrido más de 25 años.
Sin embargo, la Corte Suprema, con ponencia del magistrado Jorge Emilio Caldas, determinó que niega la petición porque determinó que García es un peligro para la sociedad.
“Ello en razón a que, como se indicó en la providencia que le impuso la medida de aseguramiento a García Romero, dicha conducta ha afectado a la colectividad colombiana, y en este caso a las comunidades de los departamentos de Sucre y Bolívar, por lo que, a partir de la naturaleza del punible de desplazamiento forzado por el que se procede resulta viable concluir el peligro para la comunidad por parte del aquí procesado”, dice el fallo.
También sostuvo que no puede concluirse que los argumentos que sustentaron la privación de la libertad de García desaparecieron.
Recordemos que recientemente, la Corte ordenó una medida de aseguramiento inmediata contra el excongresista y con esta decisión se cayó la libertad condicional que le había otorgado el Juzgado 22 de ejecución de penas de Bogotá, por un nuevo proceso en su contra de desaparición forzada que se desprendió de la masacre en Carmen de Bolívar, ejecutada por el ‘Bloque Héroes de María’ de las Autodefensas Unidas de Colombia, entre el 9 y 16 de octubre de 2000, por lo que fue condenado a 40 años de prisión.
Con esta decisión, la sala de primera instancia decidió no revocar la medida de aseguramiento impuesta por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia y también decidió no conceder la libertad provisional.