Semana crucial en el caso de corrupción de la UNGRD
Tanto Olmedo López como Sneyder Pinilla y Luis Eduardo López presentaron propuestas en las que hablan de reparación económica y penas privativas de la libertad.
Crédito: UNGRD
La Fiscalía General de la Nación presentará ante un juez de control de garantías todos los elementos materiales probatorios que han recaudado en medio de la investigación por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y con los que les imputará cargos a Olmedo López, Sneyder Pinilla y Luis Eduardo López, conocido como ‘el pastuso’.
Los delitos por los que deberán responder los protagonistas del desfalco a la entidad son: concierto para delinquir agravado, peculado por apropiación agravado, interés indebido en la celebración de contratos, falsedad ideológica en documento público y falsedad en documento privado.
La diligencia se realizará este jueves 25 de julio a partir de las 9:00 de la mañana; una vez termine la imputación, la Fiscalía pedirá que se imponga una medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario y sustentará dicha petición en que los tres representan un riesgo para la sociedad.
En esa diligencia, el ente acusador destapará todas sus cartas y detallará las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se saqueó a la UNGRD y quienes se habrían concertado para mover los dineros del Estado.
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Entre tanto, Olmedo López, quien hasta finales del pasado mes de febrero ocupó el cargo de director de la entidad, le propuso a la Fiscalía devolver 1.100 millones de pesos y pagar 70 meses de prisión, es decir 5 años y 8 meses, solo por el caso de los carrotanques en La Guajira.
Sobre la pena privativa de la libertad que propone López, se advierte que ese tiempo se purgaría en una guarnición militar.
Entre tanto, Luis Eduardo López, conocido como ‘el pastuso’, planteó reintegrar al Estado 4.232 millones de pesos y pagar una sentencia condenatoria de 4 años de cárcel.
Por su parte, Sneyder Pinilla le propuso a la Fiscalía General de la Nación, como parte de la negociación de un principio de oportunidad y un preacuerdo, purgar cinco años de prisión y devolver 292 millones de pesos en reparación por las faltas cometidas.
Pinilla busca que, a cambio de la información relevante para el caso entregada a la Fiscalía General de la Nación (contratos, chats, audios, grabaciones de conversaciones, fotografías, entre otras pruebas), se le otorgue un preacuerdo y un principio de oportunidad.
Esta semana se definiría la fecha de la declaración juramentada del ministro de Hacienda.
El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, a través de su equipo jurídico liderado por el abogado penalista Javier Torres, radicó ante la Fiscalía General de la Nación una solicitud para rendir declaración juramentada en medio del escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD), en el que fue salpicado en los últimos días por Olmedo López.
“El origen y trazabilidad de los recursos es muy claro y no deja dudas de que se trató de una colaboración armónica entre la rama legislativa y el ejecutivo, como lo establece la Constitución y la Ley; decir lo contrario es tratar de sacar provecho ilícito de una negociación con la Fiscalía”, mencionó el abogado Torres, quien asumió la representación judicial del ministro Bonilla.
También se espera que esta semana el equipo jurídico presente a la Fiscalía un compendio de documentos e información con el que buscan demostrar que no existió ninguna irregularidad en los contratos que el exdirector de la UNGRD mencionó ante los magistrados de la Sala de Instrucción Penal de la Corte Suprema de Justicia.
