Procuraduría inhabilitó por 9 años al exalcalde de Cartagena, William Dau Chamat
Por los mismos años también fue inhabilitado Álvaro José Fortich Revollo, exdirector del Departamento Administrativo Distrital de Salud (DADIS)
Cartagena
La Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó por 9 años al exalcalde de Cartagena, William Dau Chamat, quien no podrá ejecutar función pública en cualquier cargo.
El ministerio público informó que Dau Chamat desconoció el principio de responsabilidad de la contratación estatal al suscribir el contrato 08 de 2020, para la compra de pruebas rápidas para el diagnóstico y contención del COVID-19 con la empresa VENTAS, DISTRIBUCIÓN Y MARKETING LTDA, no obstante que la referida empresa al parecer no tenía la capacidad para ejecutar el objeto contractual.
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“En su condición de alcalde de Cartagena, para la época de los hechos, con su actuar, pudo haber incurrido en la falta disciplinaria prevista por el numeral 31 del artículo 48 de la ley 724 de 2002, vigente para la época de los hechos”, sostuvo la Procuraduría.
La conducta fue calificada como gravísima, cometida a título de culpa gravísima por desatención elemental.
La inhabilidad y destitución también abarca al exdirector del Departamento Administrativo Distrital de Salud (DADIS), Álvaro José Fortich Revollo.
“Al parecer, desconoció el principio de economía de la contratación estatal, al justificar la escogería del contratista VENTAS, DISTRIBUCIÓN Y MARKETING LTDA, dentro del contrato 08 de 2020, no obstante que la referida empresa al parecer no tenía la capacidad para ejecutar el objeto contractual”, indicó la Procuraduría.
El contrato con la empresa VENTAS, DISTRIBUCIÓN Y MARKETING LTDA, representada por Gabino Borja Monroy, con el objeto de contratar la compra de Pruebas Rápidas Aprobadas por el Invima, fue bajo la contratación directa.
“Fecha de celebración de contrato 8 de abril de 2020; 10.000 pruebas rápidas, valor unitario de cada prueba $72.500. El valor estimado de la contratación se fija por la suma de $725.000.000, incluido el IVA”, detalló la entidad.
Añadió, “en las cotizaciones se incluyeron varios elementos a contratar, entre estos, insumos médicos que no hacían parte del objeto del contrato, particularmente, “kit de pruebas de laboratorio”, solo consta la cotización de la empresa Rocamed Hijos, por un valor unitario $89.250″.
La Procuraduría aseguró que, la Alcaldía no adelantó cotizaciones con otras empresas, especialmente para adquirir las pruebas rápidas para el diagnóstico del COVID-19.
“La empresa VENTAS, DISTRIBUCIÓN Y MARKETING LTDA, no tenía la capacidad para ejecutar el referido negocio jurídico, no contaba con la disponibilidad de las pruebas contratadas, situación que ocasionó la declaratoria de incumplimiento de contrato, desvirtuando las razones que motivaron la contratación de emergencia”, afirmó el ministro público.