Presidente de Costa Rica declara ante Fiscalía por casos de amenazas y de audios filtrados

Este viernes 19 de julio, el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, acudió a la Fiscalía General para rendir declaración en relación con dos casos: una amenaza en su contra y la divulgación de audios de reuniones del Gobierno por parte de la exministra de Comunicación, Patricia Navarro.

“La Fiscalía me citó para leerme mis derechos como ofendido en dos casos y para hacerme preguntas de ampliación”, comentó Chaves a los periodistas tras su salida de la Fiscalía.

El primer caso se refiere a una publicación en Instagram en la que la abogada Jimena Rueda mencionó un francotirador en relación con declaraciones de Chaves sobre la deforestación en el Caribe. “Es una publicación de mayo por parte de la abogada Jimena Rueda llamando a un magnicidio a través de un francotirador por medios públicos. Este es el primer acto investigativo de esa acción. Les dije (a los fiscales) que el delito en realidad no es contra Rodrigo Chaves sino contra la democracia de este país porque eliminar físicamente al presidente de una nación es violentar la voluntad popular”, expresó el mandatario.

El segundo caso involucra la grabación y difusión de audios de reuniones de Gobierno por parte de la exministra Patricia Navarro, relacionados con supuestas irregularidades en el uso de una donación de 300.000 dólares del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). En diciembre, el Gobierno presentó una denuncia penal contra Navarro y el diario La Nación por la divulgación de los audios.

Chaves calificó las grabaciones como “ilegales” y declaró ante los fiscales que considera a Navarro una “criminal confesa”. Navarro, quien fue ministra por cuatro meses desde mayo de 2022, declaró a La Nación que grabó los audios para documentar “hechos que podrían ir contra la ley o la ética” y los entregó al diario para “hacer lo correcto”.

Las noticias publicadas por La Nación señalan aparentes irregularidades en la contratación de la empresa de comunicación RMC La Productora, propiedad de Cristian Bulgarelli, quien habría redactado los requisitos de contratación del concurso adjudicado por el BCIE. Según el Gobierno, fue Navarro quien llevó a Bulgarelli a Casa Presidencial, y el presidente no lo conocía.

En junio, el BCIE sancionó a Bulgarelli y su empresa con un veto de 7 años por “la comisión de las prácticas prohibidas de fraude y colusión”, debido a que “el proveedor aceptó públicamente haber elaborado los términos de referencia del proceso en coordinación y acuerdo con una ex funcionaria del Ministerio de Comunicación de la República de Costa Rica”.