MinHacienda pidió a la Fiscalía ser escuchado en declaración juramentada
El penalista Javier Torres asumió la defensa de Bonilla y dijo que “no hubo irregularidades en el Ministerio de Hacienda”.
Ministro de Hacienda y crédito público de Colombia, Ricardo Bonilla. EFE/ Ricardo Maldonado Rozo ARCHIVO / Ricardo Maldonado Rozo
El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, a través de su equipo jurídico liderado por el abogado penalista Javier Torres, radicó ante la Fiscalía General de la Nación una solicitud para rendir declaración juramentada en medio del escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD), en el que fue salpicado en los últimos días por Olmedo López.
“El origen y trazabilidad de los recursos es muy claro y no deja dudas de que se trató de una colaboración armónica entre la rama legislativa y el ejecutivo, como lo establece la Constitución y la Ley. Decir lo contrario es tratar de sacar provecho ilícito de una negociación con la Fiscalía”, mencionó el abogado Torres, quien asumió la representación judicial del ministro Bonilla.
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La próxima semana, el equipo jurídico presentará a la Fiscalía un compendio de documentos e información con el que buscan demostrar que no existió ninguna irregularidad en los contratos que el exdirector de la UNGRD mencionó ante los magistrados de la Sala de Instrucción Penal de la Corte Suprema de Justicia.
“La defensa estuvo reunida por espacio de tres horas con el ministro, examinando líneas de tiempo, documentos y comunicaciones. Le entregarán a la Fiscalía la próxima semana un primer paquete de documentos y un cruce de información. Por el momento, se sabe que desde el día de ayer radicaron formalmente ante la unidad delegada de la Corte Suprema el poder y la solicitud de que se oiga en declaración al Sr. ministro, quien es el más interesado en que las investigaciones avancen con celeridad”, afirmó.
El abogado Torres le solicitó a la Fiscalía que además inspeccione toda documentación que se encuentra en el Ministerio sobre cómo se gestionaron los recursos por más de 92 mil millones de pesos “que Olmedo López y Sneyder Pinilla intentan presentar como maniobras ilícitas”.
El equipo jurídico del ministro de Hacienda señaló que “los mencionados proyectos viabilizados, obedecieron a solicitudes de los congresistas que recogieron los reclamos de las poblaciones afectadas por el fenómeno del niño y que no habían recibido la debida atención de parte de la UNGRD”.
Añadió que “en el marco de la Comisión interparlamentaria, y teniendo en cuenta que los recursos ya estaban apropiados en el presupuesto del año 2023, los congresistas pidieron al ministro Bonilla, que, conforme a sus funciones, hiciera seguimiento a los recursos destinados a mitigar riesgos en esas 3 localidades y que la Unidad Nacional de gestión de riesgos y desastres no había atendido en debida forma”.