El principio de oportunidad de Sneyder Pinilla y la prueba contra MinHacienda

Declarar contra varios altos funcionarios, incluyendo el ministro de Hacienda, pasar cinco años y medio en la cárcel, pagar las multas asociadas con la condena y devolver los dineros públicos de los que se apropió son los compromisos de Sneyder Pinilla con la Fiscalía para acceder al principio de oportunidad. El próximo jueves 25 de julio se firmará el acuerdo entre el exsubdirector de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y el ente investigador. Pinilla ha insistido en un punto que no puede resolver la Fiscalía , sino el juez al que le corresponda el caso. Se trata de la definición de su lugar de reclusión. Argumenta que no puede ser enviado a un pabellón de funcionarios públicos por la sencilla razón que buena parte de los señalados por él son funcionarios. Pide, en cambio, ser recluido en una instalación militar que le brinde condiciones de seguridad. La Fiscalía ha reiterado que esa decisión no está en sus manos, pero que cuando llegue el momento apoyará ante el juez la petición de la defensa de Pinilla si se están cumpliendo todos los demás puntos, especialmente la entrega de evidencias que permitan procesar a altos funcionarios y contratistas ante los jueces; y a los congresistas implicados ante la Corte Suprema de Justicia. En las últimas horas, inicialmente la periodista Sylvia Charry de la revista Cambio y después otros medios de comunicación, revelaron una línea de tiempo de comunicaciones que tiene que ver con la planeada asignación de tres contratos presuntamente para pagar votos parlamentarios.Esos contratos son los de Cotorra, en Cordoba, por 50.000 millones de pesos; El Salado, Bolívar, por 12.350 millones, y Saravena, en Arauca, por 30.000 millones. La instrucción de hacer estos contratos, que suman más de 92.000 millones, vino de Carolina Martínez la asesora del director de la UNGRD, Olmedo López, y quedó en una nota de voz donde dice que se agilice el acuerdo con esos tres alcaldes porque “si no se les cae lo que están haciendo en el congreso”. La grabación por sí sola no significa tanto. Es la versión de oídas de una funcionaria que menciona al entonces ministro del interior, Luis Fernando Velasco, y al entonces director del Departamento Administrativo de la Presidencia, Carlos Ramón González. Lo verdaderamente grave es la línea de tiempo que conduce estos hechos y como se van desenvolviendo:Ante esto le pedí al señor ministro de hacienda, Ricardo Bonilla, sostener una conversación off the record para conocer su versión sobre la coincidencia temporal de esas comunicaciones. El ministro amablemente me respondió, por cierto desde el mismo número que aparece en las comunicaciones con Pinilla. Me dijo que con gusto hablará conmigo, pero solo cuando sus abogados revisen los testimonios y las pruebas, esta última palabra la puso entre comillas. Esto cada día se complica. Los ministros Sabas Pretelt de la Vega y Diego Palacio fueron a la cárcel por hechos similares. Después de muchas pausas, idas y venidas, fueron condenados por el delito de cohecho por haber entregado dádivas a congresistas para favorecer la aprobación de la reforma constitucional que permitió la reelección del entonces presidente Álvaro Uribe. El caso se parece. Se trata, ni más ni menos, que del ofrecimiento de contratos de obras públicas para garantizar la aprobación de proyectos de interés del gobierno. La apertura de una investigación preliminar al ministro de hacienda por parte de la Fiscalía, presagia lo que pueda venir.