Por segunda vez se aplaza millonaria licitación del proyecto ‘Escuelas Potencia Digital’
El Ministerio de las Tecnologías pidió aplazar 10 días más para esperar respuesta de la Procuraduría.
Dinero colombiano. Foto: Getty Images / Jose Arbelaez - Fotografía
La millonaria licitación del proyecto ‘Escuelas Potencia Digital’, valorada en $407.000 millones y destinada a mejorar la conectividad en más de 3.000 escuelas del país, fue aplazada por diez días adicionales.
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El Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), encargado del proceso, tomó esta decisión tras recibir una recomendación crítica de la Procuraduría General de la Nación. Inicialmente programada para el 5 de julio, la licitación fue postergada hasta el 14 de julio debido a las preocupaciones expresadas por la Procuraduría.
Según el documento de la Procuraduría, se señala que una adenda realizada durante el proceso podría haber alterado el sentido original de los Pliegos de Condiciones, lo cual constituiría una infracción a la ley 80 que rige las contrataciones públicas.
El MinTIC, por su parte, ha defendido su posición argumentando que la adenda en cuestión no modificó los pliegos de condiciones, sino que simplemente clarificó aspectos técnicos del proceso.
Esta discrepancia legal no solo ha retrasado la entrega de propuestas, sino que también ha desencadenado un debate sobre la interpretación exacta de las normativas vigentes en materia de contratación estatal.
El proyecto ‘Escuelas Potencia Digital’ busca implementar infraestructura de conectividad con velocidades hasta ocho veces superiores y a un costo significativamente menor que el contrato anterior para centros poblados.
Entre los intereses en juego, se destaca la intención declarada del MinTIC de rescindir el contrato de Centros Poblados con Claro, vigente por diez años, y que podría estar inflado en términos de costos en comparación con la nueva propuesta de licitación.
Este aplazamiento no solo implica una revisión minuciosa de los procedimientos administrativos y legales involucrados, sino también un examen profundo de los potenciales beneficios y riesgos para el sistema educativo nacional.
A medida que se espera la respuesta final de la Procuraduría, la incertidumbre rodea ahora el futuro inmediato de uno de los proyectos tecnológicos más ambiciosos del Gobierno.
