Gobierno reglamenta contratación con asociaciones populares: así funcionará
De acuerdo con la norma, que busca fortalecer la economía popular, las entidades públicas podrán contratar con personas naturales y entidades sin ánimo de lucro proyectos locales hasta por una mínima cuantía.
Imagen de referencia de contratación. Foto: Zero Creatives GmbH / Getty Images / Zero Creatives GmbH
El Gobierno Nacional reglamentó la contratación directa con las Asociaciones Público-Populares, mediante el Decreto 874 del 8 de julio de 2024 expedido por el Departamento Nacional de Planeación.
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De acuerdo con la norma, que busca fortalecer la economía popular, las entidades públicas podrán contratar con personas naturales y entidades sin ánimo de lucro proyectos locales hasta por una mínima cuantía.
El decreto señala lo siguiente:
- “(…) las Entidades Estatales podrán celebrar directamente contratos hasta por la mínima cuantía con personas naturales o entidades sin ánimo de lucro que hagan parte de la economía popular y comunitaria, los cuales se denominarán Asociaciones Público Populares -APPo-”.
Teniendo en cuenta lo anterior y el fortalecimiento que pretende el Gobierno, se precisa lo siguiente:
- “Se entiende por economía popular a los oficios y ocupaciones mercantiles relacionados con la producción, distribución y comercialización de bienes y servicios, y no mercantiles, que hagan referencia a actividades domésticas o comunitarias, desarrolladas por unidades económicas de baja escala ya sea personales, familiares, micronegocios o microempresas, en cualquier sector económico”.
Así mismo, se estipula que los actores de la economía popular pueden realizar sus actividades de manera individual, en unidades económicas, u organizados de manera asociativa. Sin embargo, se cuestiona si esto no permitiría que, en ocasiones, se tercerice la contratación.
José Miguel Rueda, jefe jurídico del Departamento Nacional de Planeación (DNP), aseguró en diálogo con Sigue La W que el decreto no permite que se recurra a prácticas corruptas y que garantiza que quienes participen de estos procesos de contratación de mínima cuantía –que no superan los $40 millones de pesos– tengan la idoneidad para llevar a cabo las obras.
Además, sostuvo que no se permitirá el fraccionamiento de contratos para evitar que estos caigan en manos de un mismo contratista o se eluda la Ley 80 de Contratación Pública.
