Regresan a Cancillería funcionarios cuyos nombramientos habían sido demandados

Anteriormente, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y el Consejo de Estado se pronunciaron sobre las demandas de diferentes nombramientos por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores, argumentando que sí hay funcionarios de carrera diplomática para ocupar estos cargos.

Sin embargo, pese a esto, el Gobierno continúa insistiendo en los nombramientos, específicamente de tres personas.

Uno de esos casos es el de Aixa Carolina Kronfly, cuyo nombramiento quedó en firme el 8 de julio con un nuevo decreto que le concede funciones de cónsul general en Sevilla, España. Cabe anotar que el nombramiento y designación de Kronfy como consejera de relaciones exteriores en el Consulado de Sevilla había sido declarado nulo el 14 de diciembre de 2023.

Otro de los casos es el de Marisol Rojas, quien era la cónsul de Colombia en Londres y cuyo nombramiento también fue demandado. Según el Alto Tribunal, este nombramiento violó la ley al dejar a Rojas en el cargo desde febrero del 2023, sin tener en cuenta que quien demandó cumplía con todos los requisitos para asumir el consulado.

Sin embargo, Rojas permanecerá en la Embajada como consejera de Relaciones Exteriores y, según la Dirección de Talento Humano constató, Rojas puede desempeñar este cargo sin que se vulnere el “principio de especialidad de los funcionarios de Carrera Diplomática y Consular”.

Finalmente, el mismo caso se presenta en Brasilia con Ricardo Montenegro, quien fue nombrado consejero de la Embajada de Colombia en Brasilia y cuyo nombramiento fue demandado. Sin embargo, Montenegro salió de su cargo un par de meses y de nuevo lo renombraron en el mismo puesto.

Ante la situación, UNIDIPLO consideró que dicha práctica es problemática en tanto constituye un desacato a las sentencias de la rama judicial: “Lo anterior al ser una actuación, que en apariencia se ajusta a la prescripción normativa, pero en la realidad conlleva una situación manifiestamente contraria a un principio del ordenamiento superior”.

Además, indicó que “la administración está incurriendo en fraude a la ley, al sustraerse del cumplimiento de las obligaciones generadas por las sentencias, en resumen, es una práctica fraudulenta que les permite escapar a las consecuencias jurídicas de estos nombramientos, es decir la desvinculación de dichos provisionales”.