Judicial

Demanda contra el director del DPS es competencia de tribunal: Consejo de Estado

El Consejo de Estado resolvió el conflicto de competencias acerca de la autoridad que debe investigar los nombramientos de los representantes legales de las entidades públicas.

Gustavo Bolívar | Foto: Colprensa. / John Paz

Al Consejo de Estado llegó una demanda en contra del nombramiento de Gustavo Bolívar Moreno como director del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, DPS. Según el proceso, el exsenador no cuenta con los conocimientos básicos o esenciales para ser nombrado en el cargo.

Sin embargo, el demandante, Samuel Ortiz, elevó una petición especial al alto tribunal en donde solicitó que se defina la competencia para conocer de las demandas que se interpongan contra el nombramiento de los representantes legales de las entidades públicas del orden nacional.

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La Sección Quinta del Consejo de Estado determinó que es competente para unificar la jurisprudencia, y después de un largo estudio señaló que el encargado para investigar el nombramiento de Gustavo Bolívar es el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por dos razones:

“La primera es que el Consejo de Estado no tiene la competencia para tramitar en única instancia las demandas de nulidad electoral que se promuevan contra el nombramiento del director del DPS.

La segunda es que al pertenecer el DPS a la Rama Ejecutiva del poder público en el sector central, la personería jurídica la ostenta la Nación: “Por lo tanto, les corresponde a los tribunales administrativos tramitar y decidir la demanda de nulidad electoral de la referencia en primera instancia y no al Consejo de Estado – Sección Quinta en única instancia”, señala la decisión.

Por lo que finalmente, la corporación ordenó que la decisión sea notificada a todos los tribunales administrativos del país: “con el fin de que conozcan la unificación de la jurisprudencia adoptada y, si es del caso, remitan a la Sección Quinta del Consejo de Estado los procesos que tienen a su cargo”.

Así que, los casos en los que se investigan los nombramientos de estas directivas deberán ser trasladados a los tribunales, como por ejemplo, el del director de Planeación Nacional, dirección del Dapre, Función Pública, entre otros.