Fast track para agilizar implementación del acuerdo de paz: ¿qué opinan los congresistas?

El presidente Gustavo Petro propuso ante el Consejo de Seguridad de la ONU su intención de presentar al Congreso una propuesta para revivir el “fast track” en Colombia. Según dijo, con el fin de agilizar las reformas necesarias para la implementación del Acuerdo de Paz en el Capitolio. Esta iniciativa ha generado diversas reacciones.

Desde el Centro Democrático, el representante Hernán Cadavid criticó duramente la iniciativa, sugiriendo que el Gobierno quiere pasar por encima del Legislativo.

Según Cadavid, “no les sirve que el Congreso trabaje dos o tres días, póngalo entonces a trabajar toda la semana, fijen en el orden del día, ya que el Gobierno se ha apropiado de las mesas directivas. Póngalo en función de eso, pero no vengan con la trampa de que necesitan un ‘fast track’”, expresó.

Pero Alfredo Mondragón, del Pacto Histórico, defendió la propuesta y argumentó que el Estado tiene un compromiso con la comunidad internacional para implementar el Acuerdo de Paz con las extintas Farc. “El presidente está convencido en que no hay que defenestrar ni acabar con la paz, sino por el contrario, el Estado tiene un compromiso ante el mundo, que es el de la implementación”, dijo.

Mondragón también respondió a las críticas que señalan que el Gobierno busca saltarse el trámite legislativo. De acuerdo con él, desde el Congreso tienen un compromiso y un deber con el pueblo colombiano de trabajar. Y es que señaló que se han “saboteado las reformas o las leyes que permiten la implementación de los acuerdos”.

En todo caso, Cadavid señaló al Gobierno de usar el “fast track” como una cortina de humo. “Hace treinta y seis horas estaban hablando de Constituyente, hace veinticuatro horas están hablando de ‘fast track’ y les faltan dos años para terminar el Gobierno”.

Para revivir ese mecanismo en Colombia, debe pasar por el Congreso un acto legislativo transitorio que simplifique los procedimientos. En el momento del Acuerdo de Paz en 2016, cuando se aplicó bajo el gobierno de Juan Manuel Santos, la vigencia fue por seis meses.

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