Por primera vez, firmante de paz participó presencialmente en Consejo de Seguridad de ONU

‘Federico Montes’, cuyo nombre de pila es Diego Ferney Tovar, acudió al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en medio de la sesión que trimestralmente analiza cómo va el cumplimiento del acuerdo de paz que Colombia firmó con las extintas Farc. Es la primera vez que Comunes y firmantes cuentan con representación presencial en la alta instancia.

El delegado de la población en reincorporación señaló “la magnitud de los obstáculos” de la implementación del acuerdo de 2016 en medio de la “ambiciosa” propuesta de paz del gobierno de Gustavo Petro. “Nos parece fundamental y urgente fortalecer la coordinación interinstitucional”, reclamó el excombatiente Tovar ante el Consejo.

En total, apuntó Montes, 53 entidades en Colombia tienen algún tipo de tarea en hacer realidad lo pactado. Sin embargo, quince de ellas no han presentado los resultados esperados. Una de las enumeradas fue la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación de la Implementación, CSIVI, de la que el propio Tovar es miembro.

Tovar sumó a la lista la Instancia Especial de Mujer y Género, el Consejo Nacional de Reincorporación o la Instancia Étnica, entre otras propuestas por el acuerdo. La falta de diligencia por parte de varias entidades ha propiciado la ausencia estatal en los territorios, lo que redunda en violencia que “sigue destruyendo la vida de comunidades enteras”.

La inseguridad, de hecho, es un punto que las apreciaciones del representante de excombatientes comparte con el informe trimestral que el secretario general de la ONU, António Guterres, y su representante especial en Colombia, Carlos Ruiz Massieu, le presentó este jueves al mismo Consejo de Seguridad que contó con la participación de Montes.

“Después de la firma del Acuerdo, fue breve la ausencia de violencia en territorios. A falta de un esfuerzo decidido del Estado para llenar vacíos que quedaron tras la dejación de armas, hoy hay dinámicas de conflictividad complejas”, expresó Ruiz, para quien la inseguridad es uno de los mayores obstáculos de la implementación.

Ruiz, además, lamentó el desplazamiento masivo anunciado por la comunidad de firmantes de paz en Miravalle, un espacio de reincorporación en San Vicente del Caguán, en Caquetá, que incluso tuvo que cerrar Remando por la Paz, un emprendimiento basado en el rafting y el ecoturismo que ya había sido visitado por el Consejo de Seguridad.

De acuerdo con Diego Tovar, el caso de Miravalle, el quinto espacio territorial de reincorporación del que sus habitantes tuvieron que desplazarse por amenazas contra su vida y enfrentamientos entre grupos armados ilegales, es “emblemático” al reconocer las consecuencias de la falta de presencia estatal en áreas destinadas a excombatientes.

Las intimidaciones a Miravalle llegaron por parte del autodenominado Estado Mayor Central, una disidencia de las Farc que acusó a quienes habitan en el poblado de colaborar con la disidencia rival, la Segunda Marquetalia. El Gobierno actualmente sostiene mesas de diálogo con ambas facciones, excepto en tres departamentos sin tregua con el EMC.

“Hemos exigido”, narró Tovar, que los espacios de conversaciones definan “con claridad y contundencia” que la protección a la vida y los procesos organizativos de quienes dejaron las armas en 2016 deben ser una prioridad. Además, han pedido “resultados importantes” de la Fiscalía en la investigación de crímenes en su contra.