ONU invita, en su informe trimestral, a “aunar esfuerzos” para la paz en Colombia

Entre el 26 de marzo y el 26 de junio de 2024, la Misión de Verificación de la ONU en Colombia y el secretario general de la ONU remarcaron “notables esfuerzos” para mejorar “la coordinación y la coherencia” entre las entidades involucradas en la implementación del Acuerdo de Paz firmado entre el Colombia y las extintas Farc en 2016.

Así quedó consignado en el informe trimestral que el secretario general, António Guterres, le presentará al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a través de su representante especial y jefe de la Misión de Verificación, Carlos Ruiz Massieu, el 11 de julio, el mismo día en que el presidente Gustavo Petro contará su versión sobre cómo va el Acuerdo.

Más allá de la mejoría en la armonización entre algunas entidades que, además, llevarán a cabo un “plan de choque” para que la implementación se recupere de algunos años de rezagos, el informe mostró que distintos sectores expresaron “cada vez más opiniones divergentes sobre la implementación de la paz y las políticas sociales del Gobierno”.

Entre las tensiones registradas en el informe, se encuentra la alegada “preocupación” que el partido Comunes ha expresado por la “falta de seguridad jurídica para los excombatientes” frente a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). La Jurisdicción pidió respetar su independencia y dijo estar abierta al diálogo, algo en lo que Ruiz Massieu ha participado.

Por primera vez desde la firma del Acuerdo Final, en marzo las partes iniciaron un proceso de revisión del Plan Marco de Implementación. Para Naciones Unidas, significa “una oportunidad única”, pues servirá para incluir recomendaciones del Comité de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación (CSIVI) en los avances de lo pactado.

El informe incluyó observaciones sobre las mesas de diálogo que el Gobierno sostiene con varios actores ilegales “con distintos grados de avance y desafíos”. Con el ELN la Misión de Verificación remarcó que el cese al fuego “se ha respetado ampliamente”. El Mecanismo de Monitoreo “contribuyó a prevenir” dieciocho enfrentamientos armados.

Frente al autodenominado Estado Mayor Central, las regiones en las que el Gobierno suspendió el cese al fuego, principalmente el Cauca, sufrieron “un aumento de los enfrentamientos violentos, incluidos varios ataques del EMC contra la Fuerza Pública”. Donde sí hay cese hubo encuentros para “identificar tierras” para promover infraestructuras.

La Misión de Verificación subrayó que entre febrero y mayo fueron liberadas al menos veintidós personas que la disidencia mantuvo secuestradas como rehenes. El Mecanismo de Monitoreo con el EMC aseguró que ha prevenido nueve “casos de posibles enfrentamientos entre las partes” gracias a su instancia nacional y sus cinco regionales.

De acuerdo con Naciones Unidas, “el diálogo con otros grupos armados ofrece una clara oportunidad para abordar la violencia actual en el campo, que ha impedido una implementación más completa del Acuerdo”. Los “esfuerzos en curso” por dialogar con estructuras ilegales deben complementarse con lo acordado hace casi ocho años.

“Si bien los encomiables esfuerzos para fomentar el diálogo con los grupos armados, y los ceses al fuego resultantes, han reducido la violencia entre la Fuerza Pública y esos grupos, aún queda mucho por hacer para mejorar la vida cotidiana de las comunidades que siguen sufriendo las consecuencias de la lucha por el control territorial”, agregó la ONU.

El secretario Guterres instó al presidente Petro y a las instituciones colombianas a “aunar esfuerzos” para avanzar en la implementación del Acuerdo. “Sigue siendo necesaria una actuación decidida y una respuesta integral y altamente coordinada por parte del Gobierno y de todas las entidades estatales competentes”, señaló en el informe.

La inseguridad “siguió siendo motivo de preocupación”, manifiesta el documento, puesto que productores agrícolas han denunciado “un aumento de la violencia en los territorios”. Además, la violencia ha causado el abandono de cinco Antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (AETCR) donde vivían firmantes de paz.

Un dato importante es la reducción en los homicidios de excombatientes respecto al trimestre de entre enero y marzo. Entre finales de marzo y junio, hubo cinco asesinatos, mientras que en el período anterior hubo once. Los homicidios de personas defensoras de derechos humanos y liderazgos sociales pasaron de 42 a 25.

En todo caso, “la violencia general sigue siendo motivo de preocupación en los departamentos de Antioquia, Arauca, Bolívar, Caquetá, Cauca y Chocó, donde operan grupos armados ilegales”, apuntó el informe. Desde la firma del Acuerdo se ha reportado el asesinato de 421 excombatientes, incluyendo once mujeres, 51 indígenas y 57 afros.

Además, al menos 142 excombatientes han sobrevivido a intentos de asesinatos y cuarenta han sido dados por desaparecidos. En AETCR en zonas “con fuerte presencia de grupos armados ilegales”, como Caquetá, es necesario “un despliegue preventivo reforzado de la Fuerza Pública y medidas de protección colectiva”, observó el secretario general.

De 524 casos de crímenes contra excombatientes investigados por la Fiscalía, solo dos han llegado a juicio y tres hasta una condena en el trimestre informado. Asimismo, 234 órdenes de captura siguen pendientes. “Los escasos avances en la detención de los autores son motivo de preocupación”. La etapa de indagación mantiene estancados 451 casos.