Continúa la crisis de hacinamiento en estaciones de Policía y URI en Bogotá
La Personería de Bogotá reporta un alarmante hacinamiento del 167% en estaciones de Policía y URI de la ciudad. Con capacidad para 1.227 personas, estos centros albergan actualmente a 3.281 detenidos.
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Hacinamiento. (Colprensa - Camila Díaz) / CAMILA DIAZ
Bogotá
La Personería de Bogotá reveló datos alarmantes sobre el hacinamiento en las estaciones de Policía y Unidades de Reacción Inmediata (URI) de la ciudad. A la fecha, la ocupación en estos lugares supera el 167%, con una capacidad máxima para 1.227 personas privadas de la libertad, pero con una cifra actual de 3.281.
Desde marzo de este año, el porcentaje de hacinamiento ha aumentado significativamente, pasando del 150,29% al 212%. Esta situación es especialmente crítica en estaciones como la de Bosa, que hoy alberga a 253 personas a pesar de tener una capacidad para solo 35, lo que representa un hacinamiento del 623%.
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En otras estaciones, la situación es igualmente grave. En Kennedy, hay 395 personas cuando la capacidad es de 60, resultando en un hacinamiento del 558%. La estación de Usaquén, con capacidad para 10 personas, alberga actualmente a 59, lo que equivale a un hacinamiento del 490%.
La Personería también destacó que hay 588 personas condenadas que deberían estar en centros penitenciarios, pero que permanecen en las URI y estaciones de Policía. Este problema se agrava debido a que estos lugares no están diseñados para detenciones prolongadas. Según la normativa, en las estaciones de Policía, las personas solo deberían estar unas pocas horas, y, en las URI, un máximo de 36 horas.
Este hacinamiento no solo representa una violación de derechos humanos, sino que también plantea serias preocupaciones de seguridad y salud pública. Las condiciones inadecuadas en estos lugares podrían causar situaciones de violencia y propagación de enfermedades, además de afectar la integridad física y psicológica de las personas privadas de la libertad.
La Personería ha hecho un llamado urgente a las autoridades para que se tomen medidas inmediatas que alivien esta crisis y garanticen condiciones dignas para las personas privadas de la libertad.