La JEP ordena un “plan piloto” para proteger los derechos de firmantes de paz en Miravalle
Para la Jurisdicción, garantizar la vida e integridad de quienes firmaron el Acuerdo de Paz es “imperativo” para, a su vez, resguardar los derechos de las víctimas del conflicto armado.
JEP | Foto: Colprensa
La Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ordenó implementar un “plan piloto” para garantizar la vida, la integridad física y la seguridad de quienes firmaron la paz y llevan a cabo su proceso de reincorporación en el Antiguo Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (AETCR) de Miravalle.
Quienes habitan en Miravalle, un poblado de San Vicente del Caguán, en Caquetá, recibieron amenazas hace dos semanas de parte del autodenominado Estado Mayor Central. El grupo armado les acusó de colaborar con la Segunda Marquetalia, la disidencia de las extintas Farc con la que el Gobierno instaló una mesa de diálogos el 24 de junio.
Las intimidaciones llevaron a la comunidad a anunciar un desplazamiento masivo. Una comisión del Gobierno acudió al lugar y, tras reunirse con firmantes de paz —incluyendo, por ejemplo, a quienes emprendieron con el club de rafting Remando por la Paz, que tuvo que cerrar—, prometió su reubicación y protección con la Fuerza Pública.
Por su parte, la Jurisdicción Especial les pidió a varias autoridades informar qué medidas iban a tomar. Dos de las acciones debían ser el Plan Estratégico de Seguridad y Protección y el Programa de Protección Integral para Excombatientes, que ahora deberán ser parte del plan piloto ordenado por la Sección de Ausencia de Reconocimiento.
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La JEP tomó la decisión en el marco de la medida cautelar colectiva que fue adoptada para proteger los derechos fundamentales de los comparecientes forzosos de la justicia transicional, entre quienes se encuentran quienes en el pasado fueron parte de las extintas FARC. La magistrada Reinere Jaramillo fue la encargada de la medida.
El Tribunal de Paz reconoció que 68 personas en proceso de reincorporación en Miravalle están “en riesgo inminente de desplazamiento forzado masivo” y, además, han recibido amenazas por cuenta de los enfrentamientos de los grupos armados que se disputan el control de la zona rural de San Vicente del Caguán, un área marcada por el conflicto armado.
De acuerdo con las órdenes de la JEP, la Agencia para la Reincorporación y la Normalización estará a cargo de la secretaria técnica del plan piloto, el cual debe convocar al Alto Comisionado para la Paz, la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz, el Comando Conjunto Estratégico de Transición y otras ocho entidades, incluyendo a tres alcaldías.
El plan debe incluir el Plan Estratégico de Seguridad y Protección, acciones de contención para la emergencia en Miravalle, reevaluación de riesgos y medidas de protección, protocolos de seguridad para acompañar y población y posibilidad de reinstalar el me abismo tripartito de monitoreo y verificación junto a la Misión de Verificación de la ONU.
Desde la firma del Acuerdo Final de Paz, la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP ha documentado 426 homicidios de excombatientes de las Farc que, a su vez, se suman a denuncias por, entre otros crímenes, desplazamientos forzados —que han afectado a cinco antiguos espacios de reincorporación— y amenazas.
Los hostigamientos llegan por cuenta de tres patrones de riesgo, según la UIA: las disputas entre disidencias del Acuerdo, el control social ejercido por grupos armados ilegales y la búsqueda de rentas criminales y aprovechamiento de tierras despojadas o adquiridas irregularmente, lo que afecta la búsqueda de paz.
“El asesinato de cada compareciente genera un daño irreparable que lesiona la construcción de paz y afecta los fines del Sistema Integral para la Paz, lo cual justifica adoptar medidas de manera inmediata para evitar que siga sucediendo”, aseveró la JEP, que espera que la autoridades responsables del Acuerdo “cumplan con sus deberes”.
