Carcelazo al alcalde de Valledupar por terreno invadido hace más de 16 años

En octubre de 2008, un grupo aproximado de 800 familias en situación de desplazamiento (1.600 niños y 1.400 adultos) se tomaron un terreno en la ciudad de Valledupar, denominado Sabana 1, por incumplimientos de las administraciones locales en aspectos humanitarios.

El dueño del terreno, en noviembre de 2008, instauró una querella con la cual se buscaba el desalojo, sin embargo, no fue posible y ahí empezaron un largo pleito porque ni la Alcaldía, ni la Gobernación, ni otras autoridades del orden nacional dieron solución.

Un grupo de las familias allí asentadas interpuso una acción de tutela pidiendo una suspensión del desalojo, una reubicación y la inclusión en un programa de vivienda digna.

El recurso llegó hasta la Corte Constitucional, que el 16 de diciembre de 2011 ordenó a la Alcaldía de Valledupar, a la Gobernación del Cesar, a la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, “que dentro de los veinte (20) días siguientes a la notificación de la presente sentencia garantice un albergue provisional a todas las personas desplazadas asentadas en el predio denominado La Sabana 1″

Añadió que “en un término inferior a tres (3) meses, si existe un plan de vivienda para la población desplazada dentro de los planes de desarrollo municipales y departamentales, incluya a los accionantes en el mismo, y en caso de que no exista un plan para ello, en el término de seis (6) meses se deberá adoptar un plan municipal de realización plena del derecho a la vivienda digna”.

En septiembre de 2018 se firmó un contrato interadministrativo para la construcción de viviendas y de este modo dar cumplimiento al fallo de tutela de la Corte Constitucional. Se construyeron las casas, pero nunca se entregaron a estas personas y ante los constantes desacatos en la más reciente intervención de las autoridades judiciales se ordenó el arresto del alcalde Ernesto Miguel Orozco.

El abogado Evaristo Rodríguez, cercano a este proceso, advirtió que por lo menos $40 mil millones se invirtieron en estas viviendas sin que se hiciera efectiva su entrega, pues los beneficiaros de este programa de vivienda terminaron siendo otras familias diferentes a las afectadas por el desplazamiento forzado y que invadieron el terreno objeto del pleito.

“Predica el alcalde que no va a sacar a niños, mujeres, ni ancianos, lo cual es falso porque por orden de la Corte Constitucional se construyeron 802 viviendas con una inversión de $40 mil millones para reubicar a los niños, mujeres y ancianos; sin embargo, la propia alcaldía de Valledupar entregó estas viviendas a avivatos de otros lugares de Valledupar y del país y ahora el alcalde aprovechándose de estos graves hechos de corrupción predica que el fallo es de imposible cumplimiento”, puntualizó el abogado Rodríguez.

Por su parte la alcaldía a través de su oficina jurídica indicó lo siguiente:

“Hace referencia a una sentencia de la Corte Constitucional T-946 de 2011 de más de 4 administraciones que heredamos al llegar a esta administración y como administración siempre hemos sido respetuosos de las decisiones judiciales, por lo que el municipio ha venido cumpliendo todas la órdenes, sin embargo, para efectuar la orden de desalojo debemos garantizar los derechos  fundamentales de la población afectada (víctimas del conflicto, armado, grupos étnicos, niños y niñas adolescentes, adulto mayor) dando cumplimiento a la sentencia SU- 016 del 2021. Por lo que se ha requerido a los distintos actores como policía, ICBF, migración Colombia, procuraduría, defensoría del pueblo. En ese se ha insistido en la inaplicación de la sanción contra el alcalde, ya que la administración ha venido cumpliendo en lo que se requerido teniendo la complejidad de la ordenó”.