JEP pidió al Gobierno rendir cuentas sobre la seguridad de firmantes de paz en Miravalle
La Jurisdicción se pronunció una semana después de que las disidencias de las Farc amenazaron a quienes habitan en la zona rural de Caquetá. La población anunció desplazamientos masivos.
JEP | Foto: Colprensa
La Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) le ordenó a varias autoridades entregar información sobre la seguridad de quienes firmaron la paz y habitan en el Antiguo Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (AETCR) de Miravalle, en San Vicente del Caguán, Caquetá.
El Tribunal Especial para la Paz encontró que la comunidad de Miravalle se encuentra en “riesgo inminente de desplazamiento forzado masivo y otros hechos que afectarían gravemente los derechos a la integridad, la libertad y la seguridad de firmantes del Acuerdo de Paz”, quienes son comparecientes ante la JEP.
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Según documentos de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP, en zonas en las que coincide la presencia armada de la Segunda Marquetalia y el Estado Mayor Central, las dos disidencias de las extintas Farc que son rivales en varios territorios, “aumenta tres veces el riesgo de que un firmante del Acuerdo de Paz sea asesinado”.
El peligro en el que las comunidades firmantes se encuentran fue protagonista la semana pasada, cuando en Miravalle apareció un panfleto amenazante del autodenominado Estado Mayor Central, en el que el grupo acusa a la población de colaborar con la Segunda Marquetalia, por lo que declara al territorio como “zona de confrontación armada”.
“Los invitamos a que no se expongan permaneciendo en ese territorio manchado de desprestigio paramilitar, el Estado colombiano está en la obligación de reubicarlos y también de protegerlos”, dijo el EMC en un panfleto luego fue descrito como “inadmisible” por el jefe negociador del Gobierno con el grupo, Camilo González Posso.
Miravalle se convirtió en el quinto AETCR, entre los veinticuatro dispuestos con el Acuerdo de Paz para la reinserción de excombatientes, en experimentar desplazamientos masivos, pese a que se trata de un territorio en el que los exguerrilleros diseñaron uno de los procesos más exitosos de reincorporación, el club deportivo ‘Remando por la Paz’.
Ante las denuncias, la JEP le ordenó a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz que en cinco días presente un informe sobre “las acciones que se han tomado para garantizar la seguridad” de las comunidades de Miravalle y zonas aledañas, así como para implementar el Plan Estratégico de Seguridad y Protección de la población en reincorporación.
La Agencia de Reincorporación y Normalización, por su parte, tiene el mismo plazo para entregar un informe sobre rutas para garantizar la vida de la población firmante de Miravalle y para incentivar sus proyectos productivos. La Agencia Nacional de Tierras deberá indicar los planes destinados a la formalización y entrega de tierras para excombatientes.
El Tribunal le ordenó a la Unidad Nacional de Protección que comunique cómo van el esquema de protección de Miravalle y “los lineamientos que ha diseñado para implementar acciones integrales de protección a la población”. Por último, le pidió al Ministerio de Defensa explicar los resultados de sus operaciones contra grupos criminales en Caquetá.
