Ecuador declara nuevo estado de excepción en seis provincias golpeadas por la violencia
En el marco del estado de excepción, el presidente Daniel Noboa suspendió los derechos a la inviolabilidad del domicilio y correspondencia, y de libre asociación.
Bandera de Ecuador. Foto: Getty Images. / John Elk III
Ecuador declaró este martes 2 de julio un nuevo estado de excepción en seis de las 24 provincias del país y en una localidad minera azotadas por la violencia del narcotráfico, luego de que la Corte Constitucional calificara de improcedente una medida similar en junio.
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El estado de excepción, que permite al gobierno suspender derechos ciudadanos, regirá en las provincias costeras de Guayas, Los Ríos, Manabí, Santa Elena y El Oro y en la jurisdicción de Camilo Ponce Enríquez (en la andina Azuay) durante 60 días, señala el decreto divulgado por la secretaría de Comunicación.
El gobierno argumenta en el documento que “la criminalidad ha escalado cuantitativa y cualitativamente a un grado de intensidad alarmante e inusitado”.
En el marco del estado de excepción, el presidente Daniel Noboa suspendió los derechos a la inviolabilidad del domicilio y correspondencia, y de libre asociación.
“Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional quedan facultadas para impedir y desarticular reuniones en espacios públicos donde se identifiquen posibles amenazas a la seguridad”, agrega el decreto.
A mediados de junio, la Corte Constitucional declaró improcedente a una medida similar dictada un mes antes para esas provincias y la amazónica Sucumbíos al sostener que el Ejecutivo no había justificado adecuadamente las causales.
Desde junio las jefaturas militar y policial se trasladaron de Quito al puerto pesquero de Manta (en la provincia de Manabí), con miras a frenar el repunte de la criminalidad en esa zona luego del asesinato de un legislador suplente.
El año pasado fue el más sangriento para Ecuador a causa de la violencia desatada por grupos narcos, que se disputan el poder. Los homicidios treparon al récord de 47 por cada 100.000 habitantes, frente a la tasa de 6 homicidios por cada 100.000 habitantes de 2018.
Tras una arremetida del narco en enero, Noboa declaró a la nación en conflicto armado interno y ordenó a las Fuerzas Armadas salir a las calles para neutralizar a una veintena de organizaciones criminales, a las que calificó de beligerantes y terroristas.