Coalición internacional denuncia violaciones a derechos sexuales en 8 países de A. Latina
Un informe de Causa Abierta reveló casos que van desde censuras en Paraguay y Honduras hasta la búsqueda de justicia por la muerte de 41 niñas en un incendio.
Imagen de referencia de una mujer diciendo no más. Foto: Getty Images. / fizkes
En medio de la quinta Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo, que se llevará a cabo en Cartagena el 3 y 4 de julio, la Articulación Feminista Marcosur realizará el evento Causa Abierta, un encuentro descrito como un espacio de discusión para “volver de conocimiento público casos de vulneraciones a derechos sexuales y reproductivos”.
Las denuncias de Causa Abierta buscan evitar la impunidad de los episodios recogidos en un informe sobre el que se deliberará esta semana. Se trata en total de diez casos registrados entre 2018 y 2023 en ocho países que han fallado, según el documento, al Consenso de Montevideo, un convenio de 2013 de la CEPAL sobre población y desarrollo.
Uno de los casos más graves es la muerte de 41 niñas quemadas en Guatemala. Tras una fuga masiva del Hogar Virgen de la Asunción, 56 adolescentes fueron encerradas en un salón de 47 metros cuadrados con veintidós colchonetas sin sábanas. El 8 de marzo de 2017 se manifestaron ante la situación inhumana en la que se encontraban.
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En medio de sus protestas, hubo un incendio en el salón. Las menores pidieron auxilio a la Policía que las custodiaba, pero ella respondió con frases como “que sufran esas desgraciadas, que, así como fueron buenas para fugarse, que sean buenas para aguantar el dolor”. Quince de las jóvenes quedaron gravemente heridas y 41 murieron.
Causa Abierta documentó que, tras siete años, ha habido diez audiencias con veintitrés peritajes. La justicia, además, ha tomado testimonios de algunos familiares de las víctimas. “No obstante, las bancadas mayoritarias del Congreso de la República no han querido hacer un llamado al sistema de justicia para agilizar el caso”, explica el informe.
Otro caso es el de Juana, una niña indígena de doce años que dio a luz por cesárea a un feto anencefálico tras haber sido violada por nueve colonos en un territorio ancestral. Su familia no recibió asesoría adecuada sobre enfermedades de transmisión sexual o interrupción del embarazo y las autoridades respondieron solo ante presiones mediáticas.
En los señalados había tres menores y seis adultos. Según Causa Abierta, los mayores fueron condenados a diecisiete años de prisión y dos de los menores fueron declarados penalmente responsables. El crimen potenció una campaña de mujeres indígenas contra el “chineo”, que es tener relaciones sexuales con una “china” sin importar su consentimiento.
Contrastando con el caso de Juana, en Ecuador hubo una violación en la que la familia no encontró justicia. Paola Guzmán, de catorce años, fue víctima de violencia sexual de forma continua por parte del vicerrector del colegio público en el que estudiaba, quien era cincuenta años mayor que ella. Como secuela, Paola se quitó la vida.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a Ecuador por el crimen en 2020, indicando que los Estados deben implementar mecanismos de educación sexual integral para que las niñas, niños y adolescentes tengan nociones sobre el consentimiento y las implicaciones de las relaciones sexuales o afectivas.
“Sin embargo, el Estado ecuatoriano no ha adoptado medidas suficientes”, asevera el informe de Causa Abierta, que sostiene que en Ecuador “existe un contexto de violencia, acoso y abusos sexuales en las instituciones educativas”, las cuales “tienen normalizadas esas conductas y carecen de medidas de prevención de actos de violencia sexual”.
En Honduras, por otra parte, la presidenta Xiomara Castro vetó la Ley de Educación Integral para la Prevención del Embarazo en Adolescentes en Honduras, una norma que tuvo que pasar por el Congreso en 2015 y 2023 para finalmente ser aprobada. La oposición de la mandataria ha derivado en “datos alarmantes” sobre embarazos en menores.
Honduras es el segundo país de Latinoamérica con la tasa más alta de embarazos adolescentes. Según datos del Fondo de Población de las Naciones Unidas, 89 de cada mil adolescentes de entre quince y diecinueve años han estado embarazadas. En 2022, 1.039 niñas de entre diez y catorce años fueron obligadas a parir luego de violaciones.
En Paraguay se prohibió la enseñanza con enfoque de género. El Ministerio de Educación y Ciencias, en respuesta a materiales falsos difundidos en contra de la “ideología de género” y a presiones de sectores conservadores, expidió una resolución “por la cual se prohíbe la difusión y la utilización de materiales (...) referentes a la teoría y/o ideología de género”.
La Articulación Feminista Marcosur presentará con Causa Abierta esta semana más casos de violencia de género, junto a varias recomendaciones para los Estados y a un panel de personas expertas, como Macarena Sáez Torres, directora ejecutiva de la división de Derechos de las Mujeres en Human Rights Watch, y el académico Leonel Briozzo.