Pedirán medida de aseguramiento para el contratista de la Av. Los Colibríes de Pereira
José Gabriel Vargas Carvajal no aceptó los cargos imputados y el fiscal solicitará medida de aseguramiento en audiencia el próximo miércoles 3 de julio.
Foto: Captura video, medio Pereira En Vivo
Pereira
Luego de su arribo a Pereira para el proceso de legalización de captura de José Gabriel Vargas Carvajal, contratista de la Avenida Los Colibríes, se realizó la audiencia de imputación de cargos en la que el fiscal 20 seccional de administración pública, José Ignacio Arias, le endilgó a Vargas los delitos de peculado por acción, prevaricato por acción, falsedad ideológica en documento público y contrato sin cumplimiento de requisitos legales.
De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, Vargas Carvajal, representante legal del consorcio Prosperidad Vial Cerritos, constructor de la obra, habría participado en el soborno por 100 millones de pesos a funcionarios de la Carder para el trámite de cinco permisos y licencias ambientales, dinero que fue pagado de un anticipo de $16.000 millones que administraba la fiduciaria Credicor y que de descontó en abril de 2022 justificado con concepto de transporte que no se ejecutó, pues no aparece ni liquidado, ni en las actas de obra.
Lo anterior habría sido acordado entre Milton Hurtado, el interventor José Alberto Rojas, el constructor José Gabriel Vargas y su socio Carlos Guillermo Suárez, administrador de Keiser Ingeniería SAS, que fue la empresa que recibió el dinero del soborno.
Vargas Carvajal habría participado también en la facturación con sobreprecios de algunos gastos y la duplicación de otros, más puntualmente los de aprovechamiento forestal, recuperación de la transitabilidad vial, redes de acueducto y eléctricas, lo que constituye una apropiación ilícita de recursos públicos a su favor.
Adicionalmente, según la Fiscalía, José Gabriel Vargas Carvajal y su socio Carlos Guillermo Suárez, habrían recibido beneficios por concepto de obras no planeadas en varias fases de la construcción, que en realidad eran obras nuevas, por lo que el actuar de estos dos hombres fue determinante en la apropiación indebida de recursos del municipio, planeada por los funcionarios públicos (Maya y Hurtado) y los interventores (Rojas y Ballesteros).
En total, entre abril de 2023 y diciembre de 2023, el consorcio de Vargas Carvajal habría recibido pagos de cuentas de cobro de más de $12.000 millones por encima de lo ejecutado realmente.
El hombre no aceptó los cargos imputados por la Fiscalía y este miércoles 3 de julio continuará la audiencia en la que solicitará medida de aseguramiento en centro carcelario para él y para Carlos Alberto Ballesteros. Es importante mencionar que Carlos Guillermo Suárez, el mencionado socio de Vargas Carvajal, continúa en libertad.
