Las quejas que escoltas del esquema de la primera dama interpusieron ante autoridades

A la Procuraduría, la Defensoría, el Ministerio de Trabajo y la Policía llegó una queja de 102 páginas en la que un grupo de escoltas, que formaban parte del esquema de seguridad de la primera dama, Verónica Alcocer, describieron todas las irregularidades que estaban presenciando en medio de la prestación del servicio, antes de ser retirados a principios del mes de junio.

“La presente queja se entrega ante sus despachos por la presunta o posible extralimitación de funciones de servidores públicos, oficiales de Policía, asignados por la Policía Nacional, a la Jefatura de la Seguridad Presidencial”, dice el documento al inicio.

También, en la queja, hablan del trato que se les da, ya que no son subordinados de la Policía Nacional porque vienen directamente de la Unidad Nacional de Protección, por lo que el cumplimiento de las jornadas laborales y el recibimiento de órdenes es diferente.

“Debido a que no tenemos ninguna subordinación a la Policía Nacional, teniendo en cuenta la autonomía administrativa, operativa y funcional que establece la misión y visión de la Unidad Nacional de Protección (…)”, agregan.

Inmediatamente, en el mismo documento, exponen seis hechos específicos de las irregularidades que ellos han percibido estando en los esquemas de Presidencia. Uno de los hechos está relacionado con las quejas disciplinarias que se han interpuesto por aparente incumplimiento.

“La Jefatura para la Protección Presidencial envía estos documentos solicitando a la Unidad Nacional de Protección la desvinculación laboral de algunos escoltas, incurriendo en extralimitación de funciones y posible violación a la ley 1010 del 2006, al no permitir que los escoltas asignados por la UNP lleguen a cumplir con las obligaciones laborales de las cuales somos contratados, mediante contratos individuales de trabajo con empresas de vigilancia, que actualmente contratan y vinculan escoltas para prestar una labor misional a la Unidad Nacional de Protección”, agregan.

Agregan también que muchos de los escoltas llevan a cabo funciones para las cuales no tienen preparación ni conocimiento previo.

“Más del 90 por ciento del personal uniformado de la Policía Nacional no cumplía con este requisito y no son idóneos con relación a sus nuevas funciones asignadas, vulnerando la seguridad y la vida del presidente de la República y su familia; este hecho se puede demostrar en los folios de las hojas de vida de cada uno de los uniformados que integran la jefatura para la protección presidencial”, dicen.

Sumado a esto, indican que muchos no tienen conocimiento en manejo de vehículos blindados ni en las normas de tránsito para conducir un esquema de seguridad, y que, aun así, los han puesto en esas labores.

“La Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional tiene bajo su mando la responsabilidad de hacer cumplir la ley 769 del 2002, Código Nacional de Tránsito. Así mismo, es el policía de tránsito o agente quien está facultado para reemplazar, autorizar o desautorizar las señales de tránsito; actualmente, la jefatura para la protección presidencial permite que se viole la norma teniendo en cuenta que se asigna personal motorizado que hace parte de la Dirección de Protección y Servicios Especiales de la Policía Nacional, para que suspenda semáforos, se permitan ingresos a vías con restricción y demás órdenes que van contrarias al cumplimiento de la ley, suplantando a la autoridad de tránsito. Esta información se puede verificar”, agregaron.

Ante la situación, el director de la UNP, Augusto Rodríguez, aseguró en los micrófonos de W Radio no tener conocimiento de hechos irregulares ni de maltrato laboral a los hombres de los esquemas. Además, indicó que las personas de seguridad que retiraron del esquema presidencial no son parte de la UNP, sino de Unidades Temporales que tercerizan la prestación del servicio.

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