Tras amenazas en Miravalle, Rodrigo Londoño pide al Gobierno proteger a firmantes de paz

Rodrigo Londoño, el último comandante de las extintas Farc y ahora líder del partido Comunes, le pidió al Gobierno Nacional proteger a quienes firmaron la paz, luego de los hostigamientos que vive la comunidad en el ETCR de Miravalle, de donde parte de la población tuvo que desplazarse forzosamente.

Los cálculos de Londoño llegan a catorce mujeres, 44 hombres, siete niñas y diecisiete niños que fueron víctimas de desplazamiento luego de las intimidaciones de grupos armados con los que, paradójicamente, la administración de Gustavo Petro mantiene mesas de diálogos.

“Soy un convencido de la paz total y de la solución negociada a las violencias persistentes en el país”, afirmó Londoño en su cuenta de X. “Pero la improvisación, las concesiones a los verdugos y la mezquindad para implementar el Acuerdo de Paz son un riesgo para la vida de miles de firmantes”, reclamó.

El jefe de Comunes remarcó que los responsables del desplazamiento masivo en Miravalle son los grupos disidentes a los que el presidente Petro les “otorgó reconocimiento político y les abrió un lugar en una mesa de negociación”.

“La historia juzgará si su política de ‘Paz Total’ cultivó o socavó el sueño de una paz completa”, remachó el quindiano, que subrayó que el Gobierno “debe garantizar la vida e integridad” de la comunidad de paz de San Vicente del Caguán.

‘Caguán Expeditions’ y ‘Remando por la Paz’, dos ideas de firmantes de paz que han atraído a más de tres mil turistas a un territorio dispuesto para la reincorporación de excombatientes de las antiguas Farc, anunciaron que se ven “obligados” a salir de su territorio, pues quedaron “en medio de una absurda disputa”.

Los protagonistas de las confrontaciones, según el comunicado de los emprendimientos, son el autodenominado Estado Mayor Central (EMC) y la Segunda Marquetalia, dos disidencias del Acuerdo de Paz de 2016. Las intimidaciones han llegado “hasta el punto del ahogo, sofocando las posibilidades de continuar nuestras operaciones”.

El Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) de Miravalle, en San Vicente del Caguán, Caquetá, fue calificado como “zona de conflicto” por parte de la estructura Iván Díaz, un frente al mando de alias ‘Calarcá’, uno de los negociantes de la mesa de diálogos del EMC con el Gobierno Nacional.

“Los invitamos a que no se expongan permaneciendo en ese territorio manchado de desprestigio paramilitar, el Estado colombiano está en la obligación de reubicarlos y también de protegerlos”, dijo el EMC en un panfleto luego fue descrito como “inadmisible” por el jefe negociador del Gobierno con el grupo, Camilo González Posso.

La facción armada acusó a quienes firmaron la paz y habitan en Miravalle de colaborar con la Segunda Marquetalia, el grupo de ‘Iván Márquez’ con el que el Gobierno instaló una mesa de diálogos el 24 de junio en Caracas, Venezuela. Aunque el Ejecutivo intenta acercarse a ambas estructuras, los enfrentamientos entre ellas no cesan.

Miravalle se convertirá, entonces, en el quinto ETCR, entre los veinticuatro dispuestos con el Acuerdo de Paz para la reinserción, en experimentar desplazamientos masivos, pese a que se trata de un territorio en el que los exguerrilleros diseñaron uno de los procesos más exitosos de reincorporación, el club deportivo ‘Remando por la Paz’.

El club reunió a un puñado de firmantes que le apostó al ecoturismo y al rafting hasta el punto de representar a Colombia en los mundiales de balsismo en 2019, en Australia, y en 2023, en Italia. “La decisión de cambiar los fusiles por los remos fue justamente para navegar hacia nuevos horizontes”, expresó el comunicado que anunció su cierre.

“Logramos construir nuestro proyecto turístico, trayendo más de tres mil visitantes a nuestra región y generando oportunidades de desarrollo económico a las comunidades”, subrayó el comunicado, publicado entre ‘Remando por la Paz’ y ‘Caguán Expeditions’, que insistió en que sus intenciones velaban “por la construcción de la paz, la reconciliación”.

El 26 de junio, dos días después de que el Gobierno y la Segunda Marquetalia se sentaron públicamente en una misma mesa en Venezuela, se conoció el panfleto con el que el Estado Mayor Central declaró a Miravalle “zona de confrontaciones armadas”. Un día después, las Naciones Unidas se pronunciaron en rechazo a tal designación.

Carlos Ruiz Massieu, jefe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, expresó “gran preocupación” por el ETCR. Además, llamó a todos los grupos armados “a respetar la vida y la reincorporación de los firmantes”, pues “una genuina voluntad de paz pasa por respetar a quienes ya han apostado por el camino de paz y reconciliación”.

“Asimismo, instó al gobierno a proveer medidas de protección y acciones para asegurar la sostenibilidad de la reincorporación de las y los firmantes de paz”, agregó Ruiz, justo dos días antes de que el Informe Final de la Comisión de la Verdad cumpla, este 28 de junio, dos años de haber sido publicado.

Por su parte, el negociador Camilo González aseguró que el mecanismo de verificación del cese al fuego entre el Gobierno y el EMC envió “una comisión especial internacional para que esté presente en Miravalle y para que contenga estas acciones de presión, que son presiones en una disputa territorial entre grupos armados enfrentados”.

El expresidente Juan Manuel Santos aseguró que lo que ocurre en la zona es “totalmente inaceptable”. “El Gobierno tiene la obligación de implementar las garantías de seguridad establecidas en el Acuerdo de Paz, recuperar el control del territorio y proteger la vida de los firmantes y de las comunidades comprometidas con la construcción de paz”, añadió.