JEP rechazó las amenazas contra firmantes de paz que tuvieron que desplazarse de Miravalle
La Jurisdicción pidió que las autoridades competentes brinden garantías de “seguridad, protección y prevención” para resguardar la integridad de quienes firmaron el Acuerdo de Paz.
Imagen de referencia de bandera de paz en Colombia. Foto: Getty Images. / NurPhoto
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) se sumó este viernes al rechazo colectivo que despertaron las amenazas en contra de la población firmante de paz en el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) de Miravalle, en zona rural de San Vicente del Caguán, en Caquetá. Las intimidaciones causaron desplazamientos masivos.
De acuerdo con información registrada por la Jurisdicción, quienes se asentaron en el Centro Poblado Óscar Mondragón “se vieron forzados a desplazarse, truncando significativamente el proyecto de vida individual y colectivo que comenzaron a construir desde la firma del acuerdo final de paz.
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Las víctimas reseñaron ante la Jurisdicción haber quedado en medio de “disputas territoriales por parte de grupos armados que nos dejan en medio de la zozobra, riesgo e incertidumbre”. La JEP, por su parte, le solicitó a la Fiscalía General de la Nación investigar los hostigamientos, y a las autoridades competentes, brindar garantías.
Ante la salida masiva del territorio, las autoridades deben “hacer posible el retorno seguro, sostenible y voluntario de la comunidad de firmantes”. El Estado debe, pidió la JEP, “proteger los derechos fundamentales de los comparecientes”. Por último, la justicia transicional le hizo un “llamado especial” al Gobierno Nacional.
La Jurisdicción instó al Ejecutivo a “que desarticule los grupos armados ilegales que se disputan el control de los territorios”, y prometió proteger los derechos de las víctimas del conflicto armado, la seguridad jurídica de los firmantes de paz y “todo lo necesario para administrar y aplicar la Justicia Transicional Restaurativa”.
Desde 2020, la Jurisdicción ha impartido distintas órdenes para que los entes estatales diseñen un “plan de seguridad integral” para la población firmante del Acuerdo de Paz que se encuentra en las áreas de reincorporación. En marzo de este año la Sala de Amnistía o Indulto visitó Miravalle para entregar al menos medio centenar de certificados de amnistía.
El rechazo de la JEP llega un día después de que ‘Caguán Expeditions’ y ‘Remando por la Paz’, dos emprendimientos de firmantes de paz que lograron atraer a más de tres mil turistas al territorio dispuesto para la reincorporación de excombatientes de las extintas Farc, anunciaran que se ven “obligados” a salir de su territorio.
Miravalle fue catalogado esta semana como una “zona de conflicto” o “de confrontación armada” por parte del frente Iván Díaz, una estructura de la disidencia de las Farc autodenominada Estado Mayor Central, comandada por alias ‘Calarcá’, uno de los negociadores del grupo armado con el Gobierno Nacional.
La disidencia acusó a quienes habitan en la vereda de colaborar con la Segunda Marquetalia, la disidencia con la que el 24 de junio en Caracas, Venezuela, el Ejecutivo instaló una mesa de diálogos. Aunque el Gobierno mantiene acercamientos con el EMC y la Segunda Marquetalia, en varios territorios ambos grupos se enfrentan fuertemente.