Las primeras sentencias de la JEP enfrentan retrasos que complicarían su llegada este año

Los avances de la Jurisdicción Especial para la Paz en unos siete años de creación fueron resaltados en el segundo informe del Comité de Seguimiento y Monitoreo de las Recomendaciones de la Comisión de la Verdad. Según el documento, en 2023 se llevaron a cabo 1.492 audiencias de versiones voluntarias, diálogos y observaciones.

El Comité resaltó “el progreso de la Jurisdicción” a lo largo del año pasado respecto a la investigación y judicialización de violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario “desde la óptica macrocriminal”, es decir, desde la priorización de patrones a partir de casos representativos en vez de buscar resolver delito por delito.

A lo largo del año pasado, la investigación y la judicialización llegaron, como resaltó el informe, a once autos de determinación de hechos y conductas —o sea, once imputaciones- y tres resoluciones de conclusiones publicadas —es decir, tres solicitudes de la Sección de Primera Instancia para casos de Reconocimiento juzgue-.

De las tres resoluciones, una es del macrocaso 01, con el que la JEP investiga los secuestros cometidos por las extintas Farc, y dos están asociadas al macrocaso 03, con el que se investigan las muertes y desapariciones falsamente presentadas como bajas en combate, los ‘falsos positivos’. Desde entonces, el Tribunal para la Paz trabaja en ellas.

El 29 de marzo de este año el Tribunal asumió competencia sobre la resolución del subcaso Costa Caribe del Caso 03. “Sin embargo, a la fecha no se ha expedido ninguna sentencia”, precisó el Comité de Seguimiento. En el Caso 01 el panorama no es distinto, aunque el de la antigua cúpula de las Farc es el proceso más adelantado en la JEP.

Roberto Vidal, presidente de la Jurisdicción, sostuvo en varias ocasiones que este año, probablemente en el primer semestre, llegarían las primeras sentencias. Sin embargo, un recurso de nulidad del último secretariado de la antigua guerrilla complica el trámite. La exjefatura insiste en anular la imputación en su contra del crimen de esclavitud.

La Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP imputó al último secretariado por varios delitos conectados con los secuestros que por años perpetró, como tomas de rehenes, torturas, homicidios o, precisamente, esclavitud. Pero Rodrigo Londoño y sus compañeros han insistido en que no deben cargar con la esclavitud.

En abril, el Tribunal ratificó que sí habrá juzgamiento por secuestro. Sin embargo, como el exgrupo subversivo pretende tumbarlo, presentó un recurso de nulidad en junio. Las solicitudes de los excomandantes fueron veinte en total, como la emisión de una sola resolución de conclusiones o una distinción entre crímenes de guerra y de lesa humanidad.

Sobre la esclavitud, la petición fue que se anule. “La organización en su conjunto jamás buscó cosificar a las personas” ni ejercer propiedad sobre ellas, expuso el documento de nulidad. “Los hechos correspondieron a las dinámicas territoriales, acordadas con las comunidades, donde los trabajos se impusieron como castigos”, añadió.

La postura de la JEP, que muestra el auto que ratificó la imputación por esclavitud, es que las intimidaciones para los trabajos que la justicia transicional llama esclavitud llegaron a “las amenazas de muerte o peligro para la integridad” en caso de no realizar los trabajos, que “se caracterizaron por el control y abuso” como medio para su desarrollo.

Rodrigo Londoño, Pastor Alape, Milton de Jesús Toncel, Jaime Alberto Parra, Julián Gallo, Pablo Catatumbo y Rodrigo Granda, integrantes de esa última cúpula de la guerrilla, han expresado serios reparos a la interpretación de que ello constituye esclavitud. El Tribunal para la Paz tendrá que estudiar sus argumentos y pronunciarse finalmente.

Además del recurso de nulidad, el mismo documento de inicios de junio presentó un recurso de reposición para que la Sección de Primera Instancia considere una nueva posición sobre su determinación de abril, teniendo en cuenta, asimismo, una recusación que no se había resuelto entonces contra el magistrado Camilo Suárez Aldana.

En los despachos de la Sección hay al menos un recurso más, una nulidad contra una decisión de 2023 sobre participación de las víctimas. La Sección tendrá que responder a los trámites jurídicos antes de emitir sus primeras sentencias, por lo que la esperanza de que pudiesen publicarse pronto parece desvanecerse frente a los litigios.

Para el Comité de Seguimiento, dado “el tiempo transcurrido” desde que la JEP existe, “sería preciso que su Tribunal de paz genere, en un plazo razonable, sus primeras sentencias condenatorias de las violaciones a los DDHH e infracciones al DIH en el conflicto, cometidas por parte de las personas comparecientes, a partir de las resoluciones de conclusiones”.

Fuera del caso de secuestros, el Tribunal asumió el año pasado en febrero competencia sobre militares imputados por ‘falsos positivos’ en Norte de Santander, y en marzo, por los cometidos en la Costa Caribe. Pero de ninguno de ellos ha habido mayores avances que acerquen a sentencias, aunque algunos comparecientes cumplen sanciones anticipadas.