Magistrado Ibáñez amplió la denuncia por las presuntas chuzadas ante la Fiscalía
Por orden de la fiscal general Luz Adriana Camargo, se priorizó la investigación por las presuntas interceptaciones ilegales contra el magistrado de la Corte Constitucional.
Jorge Enrique Ibáñez. Foto: Colprensa.
Luego de varias horas concluyó la declaración del magistrado Jorge Enrique Ibáñez, quien amplió su denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, sobre las presuntas interceptaciones y seguimientos ilegales de los que habría sido víctima junto con su familia.
El magistrado de la Corte Constitucional relató lo que sabe acerca de este capítulo de las chuzadas en Colombia, en el que sería la principal víctima.
Ante un investigador del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, el jurista entregó más detalles que servirán para avanzar en el esclarecimiento de lo ocurrido y en la judicialización de los eventuales responsables.
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Precisamente, por orden de la fiscal general, Luz Adriana Camargo, se inició una investigación formal para determinar las circunstancias de tiempo, modo y lugar, en las que se habrían presentado las interceptaciones y seguimientos ilegales contra el magistrado Ibáñez y su entorno más cercano.
A raíz de esa grave situación, la fiscal Camargo designó a la Unidad de Fiscales Delegados ante la Corte Suprema de Justicia para que se encargue de la investigación.
“La fiscal general dispuso todos los recursos al alcance de la entidad para avanzar con celeridad y rigor en los actos investigativos que permitan establecer los alcances y el impacto de la delicada situación denunciada el pasado miércoles”, mencionó la Fiscalía.
En la mañana de este lunes, la Comisión de Disciplina Judicial rechazó enérgicamente este tipo de prácticas ilegales.
Igualmente, los presidentes de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, la Corte Constitucional y el Consejo Superior de la Judicatura, le pidieron a la Fiscalía General de la Nación que avancen rápidamente en el esclarecimiento de estos hechos.
“Rechazamos con vehemencia los hechos que han sido puestos en conocimiento de la opinión pública y de las autoridades, que, de verificarse, ponen en riesgo la independencia de la Rama Judicial y constituyen una grave afrenta a la democracia colombiana y la seguridad de los jueces y magistrados que imparten justicia”, se lee en el comunicado.