Tutela a presidente y Fiscalía por irregularidades en investigación a Supersociedades

El viernes pasado ante el Consejo de Estado fue interpuesta una acción de tutela contra el presidente Gustavo Petro y la Fiscalía General de la Nación por vulneración de los derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia y debido proceso, entre otros.

El tutelante es el abogado y excongresista Santiago Morales, quien ha venido denunciando lo que él considera actos de corrupción en la Superintendencia de Sociedades.

Según él, en la Supersociedades se vienen violando las normas en la selección y nombramiento de promotores, interventores y liquidadores de compañías –que son auxiliares de la justicia– y en la asignación de número de procesos por liquidador que, de acuerdo con la interpretación del denunciante, excede los límites establecidos por la ley y las normas que la reglamentan.

El abogado Morales asegura que hay un pequeño grupo de liquidadores favorecidos con estas presuntas irregularidades, que se escogen abusando de una facultad extraordinaria de la Supersociedades y que terminan percibiendo miles de millones de pesos por honorarios.

Los documentos que sustancia esta denuncia fueron presentados en septiembre del año pasado a la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, pero nueve meses después no ha sido enviado a los entes de control como lo ordena la ley.

En cambio, de acuerdo con la acción de tutela, la denuncia y la identidad del denunciante han sido filtradas a los presuntos responsables de las conductas.

La tutela también está dirigida a la Fiscalía General de la Nación porque, de acuerdo con el abogado Morales, presentó hace tres semanas una denuncia formal y hasta ahora no le ha sido asignado un Número Único de Noticia Criminal.

El abogado señala que lo que, según él, viene sucediendo en la Supersociedades afecta a miles de personas que son accionistas, representantes legales o acreedores de sociedades tan conocidas como:

– La Ruta del Sol 2, eje del escándalo de Odebrecht. Entre las víctimas de este caso está la familia de Jorge Enrique Pizano, quien murió en circunstancias jamás aclaradas por una autoridad independiente.

– El Grupo DMG, la pirámide de David Murcia Guzmán, cuyas víctimas no reciben resarcimiento tantos años después.

– Elite International Group, que protagonizó hace años el escándalo de las libranzas en donde desaparecieron los ahorros de más de 10.000 personas.

– Vesting Group de Colombia, también implicado en el tema de las libranzas en donde se esfumaron más de un billón de pesos.

El Reporte Coronell habló son el abogado Santiago Morales

Según su denuncia, la Supersociedades también ha abusado de sus funciones judiciales y en algunos casos ha usurpado funciones del Tribunal Superior de Bogotá y desacatado decisiones de jueces.

Bonus track

El viernes pasado, la Unidad Investigativa del diario El Tiempo reveló que la Corte Constitucional puso en conocimiento de la fiscal general Luz Adriana Camargo una denuncia por escuchas ilegales a un magistrado y espionaje sobre mensajes de texto. Esa conducta habría sido cometida por organismos de inteligencia que dependen del Gobierno Nacional.

Después se supo que el magistrado, presunta víctima de esos delitos es el doctor Jorge Enrique Ibáñez, una persona de impecable conducta y seriedad, cuya seguridad, privacidad e independencia debe ser garantizada por el gobierno y por el propio presidente Gustavo Petro.

El presunto espionaje contra el magistrado coincidió con el momento en el que estudiaba la constitucionalidad de la ley de paz total que le da facultades al gobierno para negociar con bandas criminales bajo ciertas condiciones. Hace unas semanas, el magistrado Ibáñez presentó ponencia para que la Corte Constitucional se pronunciara de fondo sobre esta norma y la tumbara por vicios de forma. La ponencia fue derrotada 8 a 1.

Hace años, antes de llegar a la Corte Constitucional, el doctor Jorge Enrique Ibáñez fue objeto de seguimientos ilegales cuando presidía el Tribunal de Arbitramento de Odebrecht.

A pesar de las evidencias, el caso nunca fue investigado y, como tantas cosas en Colombia, se quedó de ese tamaño.

Valientemente Jorge Enrique Ibáñez y sus compañeros de tribunal Catalina Hoyos y Carlos Mauricio González, decidieron anular el contrato y negar las millonarias pretensiones de la corrupta multinacional brasilera Odebrecht y del grupo Aval, el socio colombiano de ellos.

Una demostración del férreo carácter de juez de Jorge Enrique Ibáñez, cuya seguridad debe ocupar al jefe del Estado.