Fiscalía se reunirá con magistrado Ibáñez para conocer su testimonio por posibles chuzadas
Los presidentes de las Altas Cortes rechazaron las supuestas interceptaciones, seguimientos y perfilamientos y le pidieron celeridad a la Fiscalía en el esclarecimiento de los hechos.
Investigadores de la Fiscalía General de la Nación se reunirán esta tarde con el magistrado de la Corte Constitucional Jorge Enrique Ibáñez, quien al parecer habría sido víctima junto con su familia de un nuevo capítulo de las ‘chuzadas’ en Colombia, esto con el propósito de escuchar su testimonio sobre este grave hecho y ampliar la denuncia.
Precisamente, por orden de la fiscal general, Luz Adriana Camargo, se inició una investigación formal para determinar las circunstancias de tiempo, modo y lugar, en las que se habrían presentado las interceptaciones y seguimientos ilegales contra el magistrado Ibáñez y su entorno más cercano.
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Cabe recordar que el pasado miércoles 19 de junio, la fiscal Camargo se reunió con los nueve magistrados de la Sala Plena de la Corte Constitucional y, en ese encuentro, se dio a conocer la grave denuncia.
A raíz de esa grave situación, la fiscal Camargo designó a la Unidad de Fiscales Delegados ante la Corte Suprema de Justicia para que se encargue de la investigación.
“La fiscal general dispuso todos los recursos al alcance de la entidad para avanzar con celeridad y rigor en los actos investigativos que permitan establecer los alcances y el impacto de la delicada situación denunciada el pasado miércoles”, mencionó la Fiscalía.
En la mañana de este lunes, la Comisión de Disciplina Judicial rechazó enérgicamente este tipo de prácticas ilegales.
Igualmente, los presidentes de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, la Corte Constitucional y el Consejo Superior de la Judicatura, le pidieron a la Fiscalía General de la Nación que avancen rápidamente en el esclarecimiento de estos hechos.
“Rechazamos con vehemencia los hechos que han sido puestos en conocimiento de la opinión pública y de las autoridades, que, de verificarse, ponen en riesgo la independencia de la Rama Judicial y constituyen una grave afrenta a la democracia colombiana y la seguridad de los jueces y magistrados que imparten justicia”, se lee en el comunicado.