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Exención de pago de parqueadero para asistentes a cultos religiosos en Bogotá abre debate

La propuesta de permitir estacionamiento gratuito a asistentes de cultos religiosos en Bogotá, incluida en el nuevo Plan Distrital de Desarrollo, ha generado debate sobre equidad y uso del espacio público. En La W hablaron los concejales Emel Rojas y Donka Atanossova.

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Parqueo en Bogotá. Foto: Getty Images / Daniel Buitrago Ch. / EyeEm

Bogotá

El reciente Plan Distrital de Desarrollo ‘Bogotá Camina Segura’, aprobado por el Concejo de Bogotá y promovido por el alcalde Carlos Fernando Galán, ha generado un debate significativo en la ciudad. Dentro de sus 322 artículos, uno en particular ha llamado la atención: la propuesta de permitir a los asistentes a cultos religiosos estacionar sin costo en el espacio público.

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El artículo 177 del plan sugiere añadir un parágrafo al artículo 4 del Acuerdo 695 de 2017, que permitiría a los vehículos que transportan a fieles hacia los lugares de culto estacionar en zonas adyacentes sin costo, siempre y cuando se realicen estudios técnicos y habilitaciones por parte de la Secretaría de Movilidad. Este planteamiento busca facilitar el acceso para los servicios religiosos sin afectar la seguridad vial ni la disponibilidad de espacio en las calles de Bogotá.

El debate en La W contó con la participación de Emel Rojas Castillo, del partido Nueva Fuerza Democrática y Donka Atanassova, del Polo Democrático, quienes expusieron sus puntos de vista sobre esta medida.

Emel Rojas Castillo defendió la propuesta señalando que busca garantizar el derecho al culto sin generar costos adicionales para los feligreses.

“La idea es que las iglesias, independientemente de su denominación, puedan permitir el acceso al culto y el estacionamiento en zonas adyacentes sin costo durante el horario del servicio religioso, basado en estudios de movilidad realizados por la Secretaría de Movilidad”, explicó Rojas.

Además, mencionó que esta medida está alineada con una normativa nacional y el Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá, lo cual busca armonizar la regulación existente con las necesidades actuales.

Rojas también respondió a las críticas sobre la creación de ciudadanos de primera y segunda categoría, enfatizando que la implementación de la medida dependerá de estudios detallados por parte de la Secretaría de Movilidad.

“No se trata de un privilegio arbitrario, sino de una disposición que se ajusta a las condiciones específicas de cada zona y momento, siempre priorizando la seguridad y la movilidad”, agregó el concejal.

Por otro lado, Donka Atanassova expresó su desacuerdo, argumentando que esta medida genera privilegios específicos para una población en particular sin considerar los estudios necesarios.

“Creo que es irresponsable implementar una medida que privilegie a una población sin un estudio previo que contemple todas las aglomeraciones en la ciudad, como festivales, eventos culturales y hospitales”, señaló Atanassova. Para ella, las decisiones de política pública deben basarse en datos concretos que aseguren una aplicación equitativa y efectiva.

Atanassova también subrayó la importancia de no discriminar a otras actividades que generan grandes concentraciones de personas. “Si permitimos estacionamiento gratuito para los cultos religiosos, deberíamos considerar lo mismo para eventos culturales, movilizaciones y otras actividades masivas. La falta de objetividad en esta medida puede crear una percepción de desigualdad y afectar la cohesión social”, argumentó la concejal, destacando la necesidad de un enfoque integral en el manejo del espacio público.

El Plan Distrital de Desarrollo entrará en vigor en julio, y se espera que la Secretaría de Movilidad realice los estudios necesarios para determinar las áreas y condiciones bajo las cuales los asistentes a cultos religiosos podrán estacionar sin costo. La implementación de esta medida será observada de cerca para evaluar su impacto en la movilidad y la equidad en el uso del espacio público.

El Plan Bogotá Camina Segura incluye una variedad de iniciativas enfocadas en la seguridad y la movilidad, como una sobretasa bomberil del 1% sobre el impuesto de industria y comercio, metas para reducir la tasa de homicidios, el aumento del pie de fuerza policial y la construcción de una nueva cárcel. Además, se prioriza el desarrollo de Transmilenio por 7ma y la polémica Avenida Longitudinal de Occidente Norte.

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