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Senado y Cámara aprueban Ley estatutaria de Jurisdicción Agraria

El ministro de Justicia, Néstor Osuna, celebró la decisión.

Imagen de referencia del Congreso de la República. Foto: Colprensa.

El Senado y la Cámara de Representantes aprobaron la conciliación de la Ley estatutaria de Jurisdicción Agraria. Este texto que estructura y busca garantizar un acceso más equitativo y eficiente a la justicia para campesinos y comunidades rurales fue discutido y votado por el Senado en el último día de sesiones.

Aunque existía el riesgo de que el proyecto se hundiera si el Senado no acogía el texto homogenizado en ambas corporaciones del Congreso, este 20 de junio se lograron los votos necesarios.

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El ministro de Justicia, Néstor Osuna, celebró la decisión:

“Esta iniciativa tiene como finalidad proteger la propiedad rural. No contiene ninguna disposición, ni explícita ni implícita, relacionada con expropiación. Precisamente lo que hace el proyecto de ley es crear jueces especializados que resolverán pleitos y aplicarán el derecho vigente, el cual establece y protege la propiedad. La norma no modifica en absoluto la legislación sustantiva sobre la propiedad; simplemente crea un mecanismo adicional para garantizar su protección”, explicó.

Ahora, este proyecto será revisado por la Corte Constitucional y quedaría a la espera de ser sancionado por el presidente Gustavo Petro.

La ley estatutaria de jurisdicción agraria define la estructura judicial con jueces de circuito y tribunales agrarios, así como los criterios para definir dónde serán instalados estos despachos: “zonas con Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial-PDET, núcleos de reforma agraria y zonas con cultivos de uso ilícito, entre otros”, explicó el ministro.

El proyecto además crea centros de apoyo técnico especializado, integrados por profesionales en distintas disciplinas que apoyarán la labor de los jueces agrarios: “y crea la figura del facilitador agrario, que orientará gratuitamente a los potenciales usuarios y usuarias de la justicia agraria.”

En cuanto a la provisión de cargos, se realizarán concursos de méritos para seleccionar jueces y magistrados especializados en derecho agrario, administrativo y ambiental.

Falta la ley ordinaria:

Sin embargo, queda pendiente discutir la ley ordinaria, que definirá el proceso operativo de la nueva jurisdicción. Esta ley deberá establecer, entre otros aspectos, los requisitos para presentar las demandas y el procedimiento para la práctica de pruebas.