CIDH advierte desde Washington alarmante cifra de violencia en Colombia
La Comisión Interamericana entregó el reporte tras la visita realizada en abril. Crece la preocupación por temas como desaparición forzada y secuestro.
Imagen de referencia de pistola con balas. Foto: Getty Images. / Tetra Images
“Colombia se ha convertido en uno de los lugares más peligrosos del mundo para los defensores de derechos humanos y líderes sociales”, de esta manera la Comisión Interamericana de Derechos Humanos explica en su más reciente informe sobre la situación de violencia en Colombia.
El documento emitido desde Washington DC y al que tuvo acceso W Radio, señala que durante el 2023, Colombia registra la cifra de asesinatos, amenazas, estigmatización y criminalización de personas defensoras de derechos humanos y con liderazgo social y comunitario más altos en la región y el mundo.
“La Defensoría del Pueblo contabilizó 181 homicidios de personas defensoras de derechos humanos y con liderazgo social y comunitario durante 2023, mientras que organizaciones de la sociedad civil, como el Instituto de Estudios para el Desarrollo (INDEPAZ), verificaron 188 casos”, se lee.
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Y agrega: “por su parte, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) recibió información sobre 233 asesinatos en 2023, de los cuales constató que 105 estuvieron directamente vinculados con labores de defensa y liderazgo social. Además, el programa Somos Defensores contabilizó, durante 2023, 463 amenazas, 20 desapariciones forzadas y 8 secuestros. Asimismo, durante la visita, organizaciones de la sociedad civil señalaron un incremento en el número de asesinatos de mujeres defensoras en lo que va del 2024″.
Durante la visita, la CIDH recibió con extrema preocupación información “sobre el flagelo del reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes indígenas, afrodescendientes y campesinas, por parte de grupos armados no estatales y organizaciones criminales”.
Y agregan: “según lo denunciado, los grupos armados y organizaciones criminales han desarrollado diferentes modalidades de reclutamiento, entre las que se identifican el secuestro, el seguimiento a niñas, niños y adolescentes en centros educativos y la persuasión coactiva. En este último caso, en el contexto de falta de oportunidades y pobreza generalizada, las muestras de poder y los recursos materiales son utilizadas como una estrategia de atracción y sustento familiar para el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes”.
La CIDH deja claro que la protección de los defensores de derechos humanos y líderes sociales enfrenta serios desafíos debido a la falta de una política integral y los problemas operativos de la Unidad Nacional de Protección (UNP).
De hecho, recuerda que la Procuraduría General de la Nación ha señalado la necesidad de modernizar el modelo operativo de la UNP, destacando la ausencia de un parque automotor propio y las dificultades logísticas para proteger a estas personas. Durante la visita, la CIDH recibió con extrema preocupación información sobre el flagelo del reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes indígenas, afrodescendientes y campesinas, por parte de grupos armados no estatales y organizaciones criminales.
“De acuerdo con datos de la Defensoría del Pueblo, en 2023 se registraron 234 casos de reclutamiento, de ellos 174 fueron en el departamento de Cauca. Sin embargo, existe un subregistro de estos hechos debido a la ausencia de un sistema de información que garantice la confidencialidad de las víctimas y sus familias, sumada a la falta de confianza en la Fiscalía y la Policía, lo que limita la presentación de denuncias y el registro e investigación de estos casos” se lee en el informe al que tuvo acceso W Radio.
“En este contexto, víctimas de reclutamiento habrían sido halladas luego de ser asesinadas brutalmente. En la misma línea, se presentan desafíos en la protección de las niñas y niños desvinculados y sus familias, lo cual coloca su vida en riesgo. Desde la existencia de la política para la desvinculación “Camino diferencial de vida”, al menos 25 niñas, niños y adolescentes que habían formado parte de este programa fueron asesinadas”, concluyen.
Entre las recomendaciones aparecen:
Desarrollar políticas redistributivas que garanticen el acceso pleno a los derechos y disminuyan la desigualdad, así como a fortalecer su presencia integral en todo territorio.
Cumplir con su obligación internacional de proteger la vida e integridad de las personas en todo el territorio nacional; y tomar las medidas necesarias para garantizar la seguridad de las comunidades, en particular en aquellos territorios en los que se hayan decretado ceses al fuego bilaterales.
Alinear las nuevas negociaciones con grupos armados a la ruta establecida en el Acuerdo de Paz de 2016; y fortalecer la coordinación entre autoridades nacionales, departamentales y municipales, garantizando la participación efectiva de las comunidades.
Investigar, juzgar y sancionar a los autores materiales e intelectuales responsables de graves violaciones de derechos humanos con enfoque intercultural, de género y generacional.
