Clan del Golfo estaría detrás de empresa contratista con operación en ocho departamentos

El Clan del Golfo, la organización delincuencial más grande de Colombia, estaría detrás de una empresa de ingeniería que ha tenido contratos de obras públicas en ocho departamentos de Colombia de manera directa o a través de sus asociados en consorcios y uniones temporales.

La denuncia será presentada en las próximas horas ante la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, por la congresista Carolina Giraldo Botero, representante a la Cámara por Risaralda y miembro del partido Alianza Verde.

De acuerdo con el extenso y documentado memorial, la empresa Proicom S.A.S. tiene entre sus socios a Hipólito Mendoza Zea y César Augusto Rincón González quienes fueron capturados en 2021 por estar presuntamente relacionados con la estructura de testaferrato y lavado de activos del Clan del Golfo.

Según la denuncia, uno de los mencionados, Hipólito Mendoza, ha tenido control sobre más de 3.000 bienes muebles e inmuebles, ganado y establecimientos de comercio. Todo ello avaluado en más de 250.000 millones de pesos.

Pero curiosamente ha sacado tiempo para ser miembro de la Unidad de Trabajo Legislativo de Cristóbal Rodríguez Hernández, quien fuera representante a la Cámara del Partido de La U por Boyacá.

Mendoza Zea también fue contratista de la primera vicepresidencia de la Cámara de Representantes por recomendación del congresista Óscar Villamizar Meneses, representante a la Cámara del Centro Democrático por Santander.

Otro socio de la compañía contratista es César Augusto Rincón González, señalado por su presunta vinculación con el Clan del Golfo y la Oficina de Envigado.

De acuerdo con la denuncia de la representante Carolina Giraldo, los dos hombres tendrían lazos con John Freddy Zapata Garzón, alias ‘Messi’ o ‘Candado’, y con John Henry González Herrera, alias ‘Medio Labio’.

La empresa Proicom S.A.S. ha tenido contratos por 22.000 millones de pesos en 8 departamentos y 12 muncipios: Bahía Solano, en Chocó; Chinchiná, Manizales, Samaná y Pácora, en Caldas; Marsella y Pereira, en Risaralda; Girardota, Antioquia; Puerto Inírida, Guainía; Puerto Rico, Caquetá; Purificación, Tolima; y Tame, Arauca.

A través de empresas que son accionistas de Proicom, también ha contratado sistemas de alumbrado en Cauca y Risaralda.

En fin, la denuncia apunta a descubrir la manera en la que la estructura delincuencial se nutre de dinero público, de la plata de los contribuyentes, para fortalecer su operación criminal.