La Procuraduría General de la Nación expidió un informe de más de 100 páginas con el que advierte posibles irregularidades relacionadas con la compra de tierras por medio de la reforma agraria, impulsada por el Gobierno de Gustavo Petro.

El ente de control aseguró que realizó una visita a la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y encontró que existen varias inconsistencias con la ejecución de la reforma, lo cual podría significar una pérdida de aproximadamente $136.000 millones destinados para la compra de tierras.

En los micrófonos de La W, Gustavo Adolfo Guerrero, procurador delegado para asuntos ambientales, minero energéticos y agrarios, señaló que la ANT compró tierras que ya eran de dominio del Estado, incluyendo baldíos no adjudicables como ciénagas, humedales y playones, entre otros.

Guerrero recordó que la ANT es la entidad pública especializada y encargada de llevar a cabo los procesos de adquisición de tierras, por lo que tiene un marco legal que es claro y vigente actualmente.

Por eso, advirtió que “no se surtió un juicioso estudio de títulos jurídico en buena parte de estos expedientes sobre procesos de compra de tierra, lo cual pudo dar lugar a que el propio Estado estuviera comprando tierras que ya son de su propiedad”.

El procurador delegado también explicó otra de las cifras importantes que aparecen en el informe, la cual indica que solo han sido adjudicados 23 predios comprados:

“El 21 de mayo pasado, la propia ANT nos envió una comunicación frente a un requerimiento que le formulamos y nos informa que, esos 288 procesos de compra de tierras, solamente se han adjudicado 23. ¿Qué pasó con los demás? Se identificaron las mismas irregularidades que la Procuraduría General de la Nación ya había advertido”, cuestionó el procurador.

Así mismo, Guerrero explicó que este hecho imposibilitó la adquisición de las tierras: “Son tierras que pudieron estar en una situación de invasión. Se adjudicaron solamente 23 predios y, de esos, 19 se adjudicaron de manera directa a través de programas espaciales”.

El procurador delegado también aseguró que, incluso, en el informe que reporta la ANT se indican “algunos beneficiarios de esos programas especiales como parte del Acuerdo de Paz”.

Finalmente, el procurador Guerrero insistió en que los fines de la reforma agraria no son adquirir tierras, sino dotar de tierras a la población campesina.

Agencia Nacional de Tierras responde

Por su parte, la Agencia Nacional de Tierras reiteró que existen algunas diferencias técnicas con el informe entregado por la Procuraduría.

Para la ANT, sí se ha cumplido con la ley que establece los parámetros para compra de tierras. Además, sostuvo que no ha hecho adquisiciones de tierras que ya le pertenecía al Estado y que, como prueba de ello, se han interpuesto denuncias en los casos en los que han sido detectadas irregularidades.

En diálogo con La W, Felipe Harman, director de la ANT, recordó que “la Ley 160 establece con claridad cuáles son las áreas productivas necesarias en los programas de adquisición de compras y a eso es que nosotros nos hemos venido ciñendo”.

Harman también aseguró que la ANT no comparte la “visión de que aquí se están comprando tierras de la Nación” y agregó que los casos irregulares que se conocen, identificados por la propia Agencia conforme al estudio detallado del informe de la Procuraduría, consisten en alrededor de 15 compras que suman 90.000 millones de pesos.

En ese sentido, Harman aseguró que esas tierras no se han pagado, pues asegura que cuando él mismo llegó a la Agencia, suspendió aquellos pagos, cuya cifra es de $60.000 millones de pesos.

“Ese dinero no se va a desembolsar hasta que haya claridad frente a las dudas sobre los terrenos que se pensaban adquirir para que hicieran parte de la reforma agraria. Dejo claro que, en efecto, hay 30.000 millones de pesos que ya hacen parte de los líos jurídicos que tiene la ANT con los propietarios de los predios sobre los que se encendieron las alertas”, expresó.

Por otro lado, aseguró Harman, la ANT reconoció que también hay concordancias con el informe de la Procuraduría, entre las que destacó:

• Se modificó en varias ocasiones la resolución de compra o el procedimiento único de compra de tierras, lo que llevó a que la dirección de la entidad adoptara un procedimiento único y acto administrativo. Esto permitió que se acabaran los pagos anticipados de tierras.
• Está de acuerdo con que un agrónomo debe visitar los predios que se van a adquirir y que las visitas y revisiones de las tierras no se pueden hacer de otra manera que no sea presencial por parte de un funcionario de la ANT. Esto, a su vez, garantiza que se revise la capacidad productiva de cada predio, siendo este un pilar fundamental de la reforma agraria.
• Coincide en que se debía reforzar el equipo de la ANT encargado de realizar las titulaciones finales. Por eso, se pasó de tener menos de una docena de funcionarios a un equipo de 50 personas encargados de este proceso.

Finalmente, la ANT reiteró que ha realizado 22 denuncias ante la Fiscalía General de la Nación sobre procesos de compra de tierras, pero que este número no alcanza a ser ni siquiera el 5% del total de las compras que la entidad ha realizado.

Al respecto, agregó que, en el informe presentado por la Procuraduría, no figuran algunos casos de alertas que ya fueron denunciadas por la misma ANT.