Traslados y audiencia virtual, entre medidas contra hacinamiento en estaciones de Policía

La W conoció algunos detalles de una reunión de alto nivel llevada a cabo este lunes 17 de junio para plantear soluciones de descongestión de estaciones de Policía y Unidades de Reacción Inmediata (URI) en medio de la grave crisis de hacinamiento por cuenta de los miles de detenidos que permanecen en estos sitios sin resolver su situación jurídica.

El encuentro, que duró más de una hora, se produjo entre el general William René Salamanca, director de la Policía Nacional, con los presidentes de las altas cortes y los alcaldes de las cuatro principales ciudades: Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla.

En esta mesa de trabajo, según pudo conocer La W, se abordó principalmente el grave problema de la violación de derechos humanos que implica la permanencia de privados de la libertad en estos sitios concebidos para ser áreas de tránsito de personas capturadas hasta ser trasladadas a un centro de detención después de que un juez lo determine.

Otro de los temas abordados en el encuentro fue que la permanencia de privados de la libertad en estaciones tiene un efecto directo sobre el trámite de las actuaciones penales.

Por eso, se señaló que esta situación “interfiere y daña el proceso”, generando problemas de traslados y la imposibilidad de llevar a cabo in situ las primeras audiencias que deberían poderse realizar en un lugar adecuado para soportarlas.

Por lo anterior, se acordaron una serie de compromisos:

• Traslado inmediato de 397 personas que, a pesar de estar condenadas, permanecen aún en estaciones de Policía.
• Lograr, en un plazo no mayor a 15 días, 500 cupos adicionales para trasladar a otras personas bajo la misma situación de condena, al considerar que son víctimas de la violencia generada por el hacinamiento y están siendo privadas del derecho fundamental de redimir la pena con trabajo.
• Generar condiciones adecuadas para que las personas condenadas cumplan su pena en un lugar donde puedan acceder a los programas de resocialización.
• Mejorar la conectividad en las estaciones de Policía para hacer las primeras audiencias.
• Fiscalía entregará a las alcaldías un inventario de necesidades.
• Fiscalía remitirá al Inpec (Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario) la lista de personas con sentencia condenatoria que están recluidas en las estaciones de Policía o URI para planificar su traslado a otros sitios adecuados donde puedan cumplir la pena.
• Corte Suprema de Justicia se comprometió a depurar los casos a través de jueces de ejecución de penas para otorgar libertades condicionales a quienes ya tienen derecho a beneficios administrativos o tienen su pena cumplida.
• Liberar cupos en cada etapa del proceso, desde los detenidos provisionales hasta los condenados, para permitir una mejor gestión y liberación de espacios en todas las instancias involucradas.

Cabe recordar que La W reveló el pasado 17 de junio que, aparte de los 22.000 detenidos que hay en este momento, existen por lo menos mil de ellos que han sido condenados y siguen sin ser trasladados a una cárcel. Esto requiere una capacidad de más de 3.500 hombres de la Policía Nacional que no están prestando seguridad en las calles.

Por eso, en la reunión se decidió que, en los próximos días, se trasladará a cárceles de máxima seguridad a estos más de mil condenados.

Además, se están observando y adecuando instalaciones para que los 22.000 detenidos estén en mejores condiciones, con instalaciones que no generen hacinamiento y que cuenten con todas las medidas y protocolos. Además, esto busca evitar fugas por sobrecupo, como ya ha ocurrido en varias zonas del país.