Parlamento de Ecuador rechazó autorizar el proceso penal contra la vicepresidenta Abad

El pleno de la Asamblea Nacional (Parlamento) de Ecuador negó este viernes 14 de junio levantar la inmunidad a la vicepresidenta, Verónica Abad, para ser investigada por la Fiscalía por un presunto delito de concusión dentro de un caso de corrupción que ella considera como un acto de presión política en su contra por parte del mandatario Daniel Noboa.

Con el voto afirmativo de 75 legisladores, 38 negativos y 20 abstenciones, el pleno del Legislativo ecuatoriano negó autorizar el juicio penal contra Abad y respondió así a la solicitud para desaforar a Abad presentada por la jueza que sigue la causa de presunta corrupción, Daniella Camacho.

La mayoría opositora del Parlamento se lamentó de que no se hayan podido conocer los expedientes reservados que presuntamente vinculan a Abad con un caso de “oferta de realizar tráfico de influencias en la Vicepresidencia”, en el que también está vinculado el hijo de ella, Sebastián Barreiro.

Además de advertir “errores” en la formulación de la petición judicial a la Asamblea, “esta legislatura, en aras de la transparencia, mal podía autorizar” el enjuiciamiento de Abad, mencionó la asambleísta Gisella Molina, quien propuso la moción para que se negara dar paso al procesamiento penal de la vicepresidenta.

El lunes, la Fiscalía de Ecuador vinculó a Abad al caso en el que está involucrado su hijo, aunque ambos niegan los cargos.

La jueza Camacho, que sigue la causa, pidió a la Asamblea que se pronuncie sobre este caso, ya que la vicepresidenta goza del fuero de la Corte Nacional de Justicia, el supremo tribunal de justicia del país.

Esta causa contra Abad y su hijo surgió tras la denuncia de un funcionario despedido de la Vicepresidencia que apuntó a Barreiro como la persona que presuntamente le habría pedido quedarse con una parte del sueldo a cambio de influir para su contratación laboral.

Barreiro fue recluido entonces en La Roca, la cárcel de máxima seguridad de Ecuador en la ciudad portuaria de Guayaquil, de donde salió luego de varias semanas y tras el pago de una fianza de 20.000 dólares.

Por su parte, la vinculación de Abad por la Fiscalía coincidió con el inicio de las primeras acciones electorales, de cara a los comicios generales de febrero del próximo año.

El presidente Noboa podría presentarse a esos comicios para repetir el cargo, pero necesitaría pedir permiso para ausentarse del cargo durante el periodo de campaña electoral, lapso en el que debería encargar la Presidencia a Abad, como señala la Constitución del país.

Según varios analistas políticos, el grado de distanciamiento entre Noboa y Abad ha llegado a tal extremo que el mandatario, aparentemente, intentaría no encargar la primera magistratura del Estado a su vicepresidenta.

Noboa y Abad fueron elegidos el año pasado para gobernar el país hasta 2025 y completar el periodo del exmandatario conservador Guillermo Lasso, quien recortó su mandato y evitó ser censurado por supuesta corrupción en el Parlamento de mayoría opositora.

En su última acción en conjunto, Noboa y Abad juraron sus cargos el 23 de noviembre de 2023, pero de inmediato el mandatario ordenó a la vicepresidencia asumir como embajadora en Israel, tras un distanciamiento que comenzó durante la campaña electoral y que se evidenció en las semanas posteriores a su triunfo electoral.

Desde Tel Aviv, Abad se ha convertido en una de las voces más críticas del Gobierno de Noboa, al que incluso ha acusado de un presunto hostigamiento para forzarla a renunciar y evitar así que deba asumir temporalmente la Presidencia cuando él busque reelegirse en las elecciones de 2025.