Este 7 de junio termina el juicio civil a Chiquita Brands por financiación a paramilitares

Este viernes 7 de junio termina el juicio a la multinacional bananera Chiquita Brands en West Palm Beach, Florida.

Se trata de un proceso civil donde un jurado de diez miembros determinará si la multinacional bananera debe indemnizar a víctimas del paramilitarismo en Urabá, en Colombia.

Está probado judicialmente que Chiquita Brands, a través de sus empresas filiales en Colombia como Banadex, le pagó 1.7 millones de dólares a los grupos paramilitares que operaron en Urabá.

Los pagos fueron efectuados por la bananera entre 1997 y 2004. Dichos pagos empezaron a producirse periódicamente después de una reunión entre Carlos Castaño y directivos de Banadex.

Los pagos inicialmente se hicieron con cheques de donación a asociaciones Convivir y después en efectivo, justo cuando el gobierno de Estados Unidos declaró organización terrorista a las llamadas Autodefensas Unidas de Colombia.

Hay más de 100 pagos demostrados en la misma época en que los paramilitares de la zona mataron y desplazaron a miles de personas y ejecutaron las masacres de Mutatá, Pavarandó y Apartadó, en las que 36 personas fueron asesinadas, algunas después de ser torturadas y quemadas vivas con ácido para que confesaran que eran guerrilleros.

Los pagos a los paramilitares fueron aprobados por la alta gerencia de Chiquita Brands en Cincinnati, Ohio, y continuaron después de que el entonces secretario de estado de Estados Unidos, el general Collin Powell, advirtiera públicamente sobre la naturaleza terrorista de las AUC.

Los pagos de Chiquita Brands a los paramilitares estaban registrados en los libros de contabilidad de la compañía como costos de servicios de seguridad y fueron usados en la presentación de impuestos para obtener descuentos fiscales en Estados Unidos.

Como si fuera poco Chiquita Brands, beneficiada por el gobierno colombiano de la época con el otorgamiento de una zona aduanera especial, usó sus instalaciones portuarias en Urabá para recibir un embarque de 3.400 fusiles AK47 y más de 5 millones de municiones procedentes de Nicaragua. El arsenal se destinó a armar a los paramilitares que ejecutaron las masacres.

Por esas razones, en 2007, Chiquita Brands acordó pagarle al gobierno de Estados Unidos una multa de 25 millones de dólares, pero ni un centavo llegó a las víctimas de los paramilitares en Colombia.

Hoy termina el juicio en West Palm Beach, Florida, donde un jurado debe determinar si las víctimas colombianas de esos grupos paramilitares deben ser reparadas económicamente por la empresa Chiquita Brands que financió a los asesinos de sus familiares y desplazadores de miles de personas.

Gran parte de la investigación judicial por la que han sido posibles los procesos a Chuiquita Brands en Estados Unidos las adelantó el periodista colombiano Ignacio Gómez, hoy director de Noticias Uno. También han sido determinantes las investigaciones del reportero estadounidense Mike Gallagher.

Los altos ejecutivos de Chuiquita Brands han dicho que efectuaron los numerosos pagos a los paramilitares bajo amenazas, lo inexplicable es que jamás denunciaron tales amenazas en Estados Unidos o en Colombia, pero si integraron esos desembolsos a su contabilidad y reclamaron beneficios de impuestos sobre pagos a grupos criminales.

La acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos dice elocuentemente “lo que hace esta conducta moralmente repugnante es que la empresa Chiquita Brands continúo mes tras mes, año tras año pagando a los mismos terroristas. Lo hizo sabiendo perfectamente que sus fincas estaban seguras porque ellos pagaban las balas que asesinaban a colombianos inocentes”

En el juicio se han presentado declaraciones en video de los paramilitares Salvatore Mancuso; Raúl Hasbún, conocido con el alias de Pedro Bonito; e Ignacio Roldán, alias Monoleche.

Es posible que el veredicto se produzca hoy mismo y que los diez jurados determinen si Chiquita Brands debe indemnizar a las víctimas de los paramilitares que patrocinó.

Chiquita es la heredera de United Fruit Company, la empresa asociada a la masacre de trabajadores en la zona bananera del Magdalena hace casi un siglo. En 1975, después de una operación de venta de acciones, la United Fruit Company cambió su nombre por Chiquita Brands.

Por el historial de violencia y sobornos de la United, se acuñó el término “Banana republic”, “Repúblicas bananeras”, usado por algunas personas para referirse con tanto desprecio a nuestros países.

En este asunto, como en muchos, las víctimas pueden terminar teniendo la culpa de su sufrimiento.