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Tutela ordena tomar medidas contra inseguridad y violencia en San Andrés

Richar Martínez, representante de la veeduría Misión Archipiélago de San Andrés, señaló que la tutela se interpuso porque se estaban vulnerado los derechos a la vida y la dignidad humana.

Mar de los siete colores archipiélago de San Andrés y Providencia - Getty Images

Mar de los siete colores archipiélago de San Andrés y Providencia - Getty Images / DC_Colombia

El Tribunal Administrativo de San Andrés ordenó a la Policía Nacional, a la Gobernación y a la Presidencia de la República que se adopten medidas urgentes para contrarrestar la violencia, los homicidios y la inseguridad en la isla.

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Richar Martínez, representante de la veeduría Misión Archipiélago de San Andrés, señaló que la tutela se interpuso porque se estaban vulnerado los derechos a la vida y la dignidad humana, porque las bandas y organizaciones crimínales han ganado territorialidad sin que las autoridades puedan actuar.

En una primera instancia un juzgado administrativo negó la acción interpuesta por el ciudadano Martínez, quien la impugnó para que fuera resuelta en segunda instancia por el Tribunal Administrativo de San Andrés que no solo revocó la decisión del juzgado sino que impartió órdenes específicas.

  • Departamento Archipiélago a través de su representante legal y la Secretaría de Seguridad y Convivencia Ciudadana en coordinación con la Policía Nacional, teniendo en cuenta el conocimiento especializado en el área, deberá implementar los mecanismos necesarios y técnicamente estructurados para ejercer un control efectivo en tema de desarme, que ayude a disminuir los casos de homicidio por sicariato en el Archipiélago.
  • Entidad territorial por intermedio de la Secretaría de Seguridad y Convivencia Ciudadana y la Policía, adelantarán acciones comunitarias desensibilización tendientes a neutralizar y erradicar los fenómenos delictivos y contravenciones que afecten el normal desarrollo de las comunidades.
  • El señor gobernador, como máxima autoridad del departamento y a través de la Secretaría de Seguridad y Convivencia, deberá diseñar una política pública en el plazo de seis (06) meses contados a partir de la notificación de este fallo, destinada a involucrar y favorecer a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de las islas en programas pedagógicos y educativos, culturales y musicales, deportivos y recreativos, proyectos investigativos y tecnológicos, de emprendimiento, programas sociales, de sensibilización, apoyo familiar entre otros. No obstante, si ya ha sido establecida dentro del Plan de Gobierno Departamental se deberá informar a esta Corporación, evaluar y hacer seguimiento a las metas y objetivos”.

Martínez señaló en diálogo con Sigue La W que se espera que las autoridades  cumplan con lo ordenado en el fallo de tutela que la Policía decidió pedir la nulidad, sin embargo, dicha petición fue negada y la decisión quedó en firme.

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