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Dos organizaciones campesinas denuncian presuntas amenazas del Clan del Golfo en Córdoba

Las autoridades informaron que adelantan las respectivas investigaciones para determinar responsabilidades. Asimismo, anunciaron la implementación de algunas medidas de seguridad.

Denuncian amenazas en el sur de Córdoba. Foto: Getty Images (referencia).

Denuncian amenazas en el sur de Córdoba. Foto: Getty Images (referencia).(Thot)

Montería

La Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina (ANZORC) emitió denuncia pública en la que exige a las autoridades competentes protección a los derechos constitucionales a la vida, la paz, libertad de locomoción, asociación y la territorialidad. Esto, ante las amenazas que se estarían presentando en contra de la Asociación Campesina para el Desarrollo del Alto Sinú (ASODECAS), en el sur de Córdoba.

De acuerdo con ANZORC, la constitución y delimitación de la Zona de Reserva Campesina (ZRC) del Alto Sinú, en el municipio de Tierralta no se ha podido implementar por las presuntas intimidaciones que estaría promoviendo el grupo armado organizado Clan del Golfo que delinque en esta sección del país.

“La solicitud constitución y delimitación fue presentada ante la Agencia Nacional de Tierras (ANT) en 2021 y, actualmente, se encuentra en fase de construcción del Plan de Desarrollo Sostenible (PDS. Sin embargo, ha sido imposible desarrollara debido a la oposición en el territorio del Clan del Golfo, autodenominado ahora Ejército Gaitanistas de Colombia (EGC), que hostiga a las comunidades que continúen afiliadas a ASODECAS y promuevan la ZRC del Alto Sinú”, se seña por parte de ANZORC.

En el marco de esta política de gobierno, la organización campesina aseguró que “para el lunes 27 de mayo se esperaba iniciar la primera reunión comunitaria en el núcleo de Batatas y se prosiguiera con Alto Guarumal, La Chica, Palmira, La Ossa, Diamante, San Felipe de Cadillo, Naín, Gallo, Crucito y Km 40. Sin embargo, días previos a la convocatoria, el Clan del Golfo, de acuerdo con información recibida, citaron a los presidentes de Juntas de Acción Comunal (JAC) y líderes de las comunidades campesinas para advertirles que, todo aquel que apoyase o participe en las reuniones convocadas por ASODECAS, ANZORC y la ANT para efectos de la constitución de la ZRC del Alto Sinú, sería declarado objetivo militar y debía afrontar las consecuencias”.

“La amenaza anterior, fue reiterativa para todo acto de apoyo a las iniciativas en materia de reforma agraria u otra política del presidente Gustavo Petro, a quien el EGC responsabiliza de no iniciar diálogos de paz con ellos. De igual forma, a ASODECAS se le señala de ser enemiga de los intereses de este grupo armado en el territorio, lo cual previamente ha sido difundido en la propaganda escrita de este grupo armado conocida como el -Amigo Gaitanista-”, agregó.

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Finalmente, la organización campesina resaltó que esto no sería un hecho aislado, pues “las actuaciones criminales de las EGC contra ASODECAS y ANZORC, no son simples advertencias. Desde 2012 a la fecha, se han presentado asesinatos, desplazamientos y amenaza de los líderes de la organización, a quienes se les ha prohibido hacer actividades en determinadas veredas”.

Tras lo expuesto, solicitaron la atención urgente de la Defensoría del Pueblo, Fiscalía General de la Nación, Procuraduría General de la Nacional, Mesa Nacional de Garantías, Misión de Verificación del Acuerdo de Paz, Alto Comisionado de Paz, Naciones Unidas, MAPP OEA y la Comisión de paz del Congreso de la República.

Reacción de las autoridades de Policía en Córdoba:

Ante el delicado panorama revelado por ANZORC, La W consultó con el comandante de la Policía en Córdoba, coronel Jhon Fredy Suárez, quien sostuvo que se tiene conocimiento de la situación por el documento público emitido por parte de estas organizaciones. Sin embargo, precisó que “nosotros debemos atender desde nuestras competencias a las denuncias, acciones establecidas en la directiva operativa transitoria 008 del 2023, tales como: revistas policiales, rondas policiales”.

“Además, de los trámites de amenazas ante Unidad Nacional de Protección (UNP) que es la entidad encargada de los esquemas, dependiendo de los estudios de nivel de riesgo. Oficiamos al Ejército, teniendo en cuenta que en su gran mayoría de actividades y residencia es en zonas rurales y ellos tienen jurisdicción en esos lugares”, agregó el uniformado.

Asimismo, sostuvo que este tipo de situaciones conllevan a activar consejos de seguridad y comités para atender estas denunciar y actuar diligentemente.

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