“No tiene pasaporte constitucional”: gestor Séptima Papeleta sobre propuesta de Leyva

En diálogo con La W, Óscar Ortiz, quien fue gestor del movimiento Séptima Papeleta que llevó a la expedición de la Constitución de 1991, se refirió a la propuesta del excanciller Álvaro Leyva de que la constituyente no necesariamente tendría que pasar por el Congreso de la República y que esta se podría establecer a través del acuerdo de paz.

En sus declaraciones, el excanciller hizo alusión a una frase de la introducción del Acuerdo de Paz firmado en 2016 entre el gobierno Santos y La Farc:

• “Con el ánimo de consolidar aún más las bases sobre las que se edificará la paz y la reconciliación nacional, una vez realizado el procedimiento de refrendación, convocará a todos los partidos, movimientos políticos y sociales y a todas las fuerzas vivas del país a concertar un gran acuerdo político nacional encaminado a definir la reformas y ajustes institucionales necesarias para atender los retos que la paz demande poniendo en marcha un nuevo marco de convivencia política y social”.

Al respecto, en su calidad de gestor del movimiento Séptima Papeleta, Ortiz aseguró que un proceso similar al que sucedió a finales de la década de los 80 para lograr construir la Constitución de 1991 no aplicaría hoy en día.

Según Ortiz, Colombia en ese momento tenía una Constitución que solamente permitía el cambio de norma constitucional a través del Congreso mediante actos legislativos: “En la Asamblea Nacional Constituyente, el delegatario Zalamea llevó una propuesta para que el texto de la Constitución fuera irreformable durante sus primeros 10 años de licencia y fue rechazada mayoritariamente porque se consideró que una disposición de ese estilo sería inocularle el germen de su propia destrucción”.

De esta forma, el abogado Ortiz aseguró que existen mecanismos más que suficientes para hacerle a la Carta Política los ajustes institucionales que sean necesarios “conforme al devenir de la sociedad, para modernizar el texto de manera adecuada y no hacerle un asalto”.

Además, fue crítico con las voces que defienden una nueva constituyente: “Un puñado de violentos, con un presidente, (buscan) por la puerta de atrás o a cuentagotas, al estilo de los hermanos Moreno, ir imponiendo el texto constitucional (para) raparle la soberanía popular a los ciudadanos y el derecho político fundamental a autodeterminar”.

En ese sentido, advirtió que la propuesta de Leyva “no tiene pasaporte constitucional” y la calificó como “un bulto de anzuelos” y “un golpe de Estado”.

“Viola la Constitución y sustituye al pueblo colombiano, a la ciudadanía, al propio Congreso, a a la rama jurisdiccional y al presidente de la República”, indicó.

¿Cómo se gestó la Constitución de 1991?

Óscar Ortiz recordó que la Constitución actual se gestó después de que un grupo de estudiantes adoptaran la determinación tras el asesinato de Luis Carlos Galán, comprendiendo que tenían el deber “jamás volvernos a callar frente a violentos o corruptos”.

Sobre ese momento de la historia del país, Ortiz recordó:

“Nos dedicamos dos meses, en unas mesas de trabajo, a pensar en los asuntos y concluimos en que convenía hacer un pacto social de todos los ciudadanos que estuviera metido en una constitución que no podría salir del Congreso sino de un cuerpo distinto, donde cupieran interlocutores válidos de toda la realidad nacional. Eso era una Asamblea Nacional Constituyente: establecimos una estrategia jurídica, política y de comunicación social de dos plebiscitos para llegar a una Asamblea Nacional Constituyente y el 22 de octubre de 1989 publicamos un aviso en el periódico El Tiempo para anunciar esa estrategia”.

Posteriormente, relató el gestor, empezaron a recoger firmas con apartado aéreo y se hizo la Séptima Papeleta: “Un día como hoy, 27 de mayo, logramos que el 95% de los colombianos dijeran sí a la Asamblea Nacional Constituyente”.

Dicho proceso llevó a que, tras una tercera votación en diciembre de 1990, fueran elegidos los delegatarios y se lograra que más de 111.000 ciudadanos les presentaran propuestas a consideración para “lograr el más grande acuerdo político de nuestra historia republicana”.

Dicha propuesta fue avalada por dos presidentes, además de contar con un consenso de todos los candidatos presidenciales y dos exámenes de la Corte de Suprema de Justicia que fallaron como constitucionales esas disposiciones.