Detectan sobrecostos millonarios en contrato de arrendamiento de la UARMV
Entre diciembre de 2018 y marzo de 2024, la UARMV desembolsó $31.899 millones en arriendos, cuando el valor de mercado del contrato era de $7.720 millones.
Vista aérea de la ciudad de Bogotá, Colombia (Foto GettyImages) / Wirestock
Bogotá
En una indagación preliminar realizada por la Dirección de Movilidad, la Contraloría de Bogotá D.C. encontró presuntas irregularidades fiscales por más de $24.000 millones en el contrato de arrendamiento de la Sede Operativa de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial (UARMV) ubicada en Fontibón.
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Estos sobrecostos podrían haber generado un significativo detrimento patrimonial para la ciudad.
La investigación reveló una discrepancia considerable entre lo que la UARMV pagó por el arriendo del inmueble y el costo que realmente debió pagar. Entre diciembre de 2018 y marzo de 2024, la UARMV desembolsó $31.899 millones en arriendos, cuando el valor de mercado del contrato era de $7.720 millones.
Los propietarios del predio inicialmente ofertaron el inmueble por $120 millones mensuales ($4.800 por metro cuadrado), pero la UARMV terminó alquilándolo a través de un intermediario por más de $599 millones mensuales ($29.400 por metro cuadrado), un costo 300% superior al ofertado originalmente.
El contralor de Bogotá D.C., Julián Mauricio Ruiz, destacó el impacto negativo de estos sobrecostos, mencionando que los $24.000 millones pudieron haberse destinado a necesidades urgentes, como el arreglo de vías.
“Sin duda, esos $24.000 millones de sobrecostos pudieron haberse usado en asuntos urgentes para la ciudad, entre ellos, el arreglo de las vías que precisamente corresponde a la misionalidad de la Unidad”, señaló Ruiz.
La Contraloría también identificó que la UARMV ignoró otras opciones de arriendo en la misma zona que cumplían con los requisitos exigidos y tenían cánones de arrendamiento menores. La falta de análisis de las condiciones del mercado agrava la situación.
Los hallazgos fueron remitidos a la Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva de la Contraloría para iniciar un Proceso de Responsabilidad Fiscal (PRF), con el objetivo de recuperar los recursos públicos y responsabilizar a quienes causaron el daño patrimonial.