Corte Suprema ordena investigar amenazas a testigos del caso Carlos Mattos

El caso del corrupto empresario Carlos Mattos Barrero tiene un desarrollo. La Corte Suprema de Justicia pide investigar si fue él quien estuvo detrás de las amenazas a dos testigos de su proceso.

Los presuntos amenazados son Dagoberto Rodríguez Niño, oficial mayor de uno de los jueces que recibió plata de Mattos y Edwin Fabián Macías Castañeda, quien actuó como contacto entre Mattos y uno de los jueces comprados.

La orden de investigación del máximo tribunal de justicia ordinaria señala que estos dos testigos empezaron a recibir amenazas tan pronto se supo que estaban dispuestos a declarar sobre la forma en que Mattos había comprado a uno de los jueces que decidió a favor suyo.

Por esta razón, la Corte ordenó compulsar copias a la Fiscalía para que investigue esas amenazas “de las que fueron víctimas (…) cuando iniciaron diálogos con el ente investigador para colaborar con la administración de justicia y declarar contra el aquí sentenciado (el juez Reinaldo Huertas) y que, según se dijo, provenían de Carlos José Mattos Barrero”.

La decisión de la Corte Suprema está en la sentencia de casación que ordena la condena a nueve años de prisión del juez Reinaldo Huertas, quien fue la punta del ovillo para descubrir toda la operación criminal de Carlos Mattos.

Hace casi ocho años escribí una columna llamada ‘Sobre ruedas’, que empezó con una información llamativa. Al concesionario Alciautos que vende vehículos Mazda en el occidente de Bogotá llegó un juez de la República con una tula llena de dinero en efectivo para comprar un carro.

La compra ocurrió una semana después de que ese juez, Reinaldo Huertas, ordenara una medida cautelar a favor de Carlos Mattos diciendo que era el único autorizado para vender automóviles Hyundai en Colombia. Todo esto estaba pasando en medio de una multimillonario pleito entre Mattos y la multinacional coreana.

El juez había resuelto todo a una velocidad inusitada:

• El 15 de marzo radicó Mattos su demanda contra Hyundai
• El 18 de marzo la admitió
• El 6 de abril ordenó la medida
• La notificó el 11 de abril
• El 12 de abril se fue a comprar su Mazda con plata en efectivo

Cuando estaba investigando la llamativa celeridad de la decisión, el juez Huertas no quiso hablar conmigo pero después de la publicación de la columna, explicó aquí en La W que la plata venía de sus ahorros en varias divisas, incluyendo libras esterlinas. Los ingresos oficiales no cuadraban con los ahorros.

La sentencia de casación emitida por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia declara en última instancia que Huertas es culpable de cohecho, porque le recibió entre 1.000 y 1.200 millones de pesos a Carlos Mattos. También lo encuentra responsable de los delitos de utilización ilícita de redes de comunicaciones y acceso abusivo a un sistema informático, porque el juez participó en la alteración electrónica del reparto para que el caso del interés de Mattos llegara a su despacho.

La sentencia cierra varios aspectos de la investigación pero quedaron pendientes dos, que quizás se queden pendientes para siempre:

1. La participación de los señores Alfonso Mattos y Jorge Mattos, hermanos del condenado Carlos Mattos, en una reunión en Bucaramanga con el empleado judicial Dagoberto Rodríguez les informara sobre la marcha del pleito comprado en el juzgado sexto civil del circuito de Bogotá. Existen los registros de aterrizaje del jet privado de los señores Mattos en Bucaramanga, hay toda suerte de pruebas sobre esa reunión, pero no ha pasado nada con esas evidencias.
2. El contrato para pagar una comisión de éxito a la firma de abogados de Néstor Humberto Martínez por una medida cautelar expedida por otra juez quien también recibió plata de Mattos.

Néstor Humberto Martínez era el fiscal general de la Nación cuando estalló el escándalo. Cuando publiqué la primera columna sobre el tema, la Fiscalía expidió velozmente un comunicado diciendo: “Ni el doctor Néstor Humberto Martínez, ni la firma de abogados a la que estuvo vinculado con anterioridad a su posesión como fiscal general de la Nación han tenido actuaciones judiciales ante el juzgado del circuito de Bogotá al que se alude en la columna”.

Lo que no decía el comunicado es que Néstor Humberto Martínez y su firma sí actuaron ante otro juzgado, el de la jueza Ligia del Carmen Hernández, quien admitió haber recibido plata de Mattos después del fallo. Tenían pactada una comisión de éxito que podía llegar a 4.5 millones de dólares si el despacho le concedía la medida cautelar, que efectivamente le concedió.

Esos dos aspectos del caso Mattos también deberían ser investigados.