El caso del <b>corrupto empresario </b><a href="https://www.wradio.com.co/2024/05/04/carlos-mattos-niega-relacion-con-asesinato-de-indigenas-a-manos-de-paramilitares/" target="_blank"><b>Carlos Mattos Barrero</b></a><b> </b>tiene un desarrollo. La Corte Suprema de Justicia pide investigar si fue él quien estuvo detrás de las amenazas a dos testigos de su proceso.Los presuntos amenazados son <b>Dagoberto Rodríguez Niño</b>, oficial mayor de uno de los jueces que recibió plata de Mattos y <b>Edwin Fabián Macías Castañeda</b>, quien actuó como contacto entre Mattos y uno de los jueces comprados.La orden de investigación del máximo tribunal de justicia ordinaria señala que estos dos testigos<b> empezaron a recibir amenazas</b> tan pronto se supo que estaban<b> dispuestos a declarar</b> sobre la forma en que Mattos había comprado a uno de los jueces que decidió a favor suyo.Por esta razón, la Corte ordenó compulsar copias a la Fiscalía para que investigue esas amenazas “de las que fueron víctimas (…) cuando <b>iniciaron diálogos con el ente investigador</b> para colaborar con la administración de justicia y declarar contra el aquí sentenciado (el juez <a href="https://www.wradio.com.co/2024/05/14/corte-suprema-dejo-en-firme-condena-contra-reinaldo-huertas-por-recibir-soborno-de-mattos/" target="_blank"><b>Reinaldo Huertas</b></a>) y que, según se dijo, <b>provenían de Carlos José Mattos Barrero</b>”.La decisión de la Corte Suprema está en la sentencia de casación que ordena la <b>condena a nueve años de prisión del juez Reinaldo Huertas</b>, quien fue la punta del ovillo para descubrir toda la operación criminal de Carlos Mattos.Hace casi ocho años escribí una columna llamada <a href="https://www.semana.com/opinion/articulo/daniel-coronell-sobre-ruedas/494885/" target="_blank"><i><u><b>‘Sobre ruedas’</b></u></i></a>, que empezó con una información llamativa. Al concesionario Alciautos que vende vehículos Mazda en el occidente de Bogotá llegó un <b>juez de la República con una tula llena de dinero en efectivo</b> para comprar un carro.La compra ocurrió una semana después de que ese juez, Reinaldo Huertas, ordenara una<b> medida cautelar a favor de Carlos Mattos </b>diciendo que era el<b> único autorizado para vender automóviles Hyundai</b> en Colombia. Todo esto estaba pasando en medio de una multimillonario pleito entre Mattos y la multinacional coreana.El juez había resuelto todo a una velocidad inusitada:Cuando estaba investigando la llamativa celeridad de la decisión, el <b>juez Huertas no quiso hablar conmigo </b>pero después de la publicación de la columna, explicó aquí en La W que la <b>plata venía de sus ahorros en varias divisas</b>, incluyendo libras esterlinas. Los ingresos oficiales <b>no cuadraban con los ahorros</b>.La sentencia de casación emitida por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia declara en última instancia que Huertas es culpable de cohecho, porque le <b>recibió entre 1.000 y 1.200 millones de pesos a </b><a href="https://www.wradio.com.co/2024/05/06/carlos-mattos-denuncio-a-el-canoso-por-vincularlo-con-crimenes-de-indigenas-arhuacos/" target="_blank"><b>Carlos Mattos</b></a>. También lo encuentra responsable de los delitos de utilización ilícita de redes de comunicaciones y acceso abusivo a un sistema informático, porque el juez participó en la alteración electrónica del reparto para que el caso del interés de Mattos llegara a su despacho.La sentencia cierra varios aspectos de la investigación pero quedaron pendientes dos, que quizás se queden pendientes para siempre:<b>Néstor Humberto Martínez</b> era el fiscal general de la Nación cuando estalló el escándalo. Cuando publiqué la primera columna sobre el tema, la Fiscalía expidió velozmente un comunicado diciendo: <i>“Ni el doctor Néstor Humberto Martínez, ni la firma de abogados a la que estuvo vinculado con anterioridad a su posesión como fiscal general de la Nación han tenido actuaciones judiciales ante el juzgado del circuito de Bogotá al que se alude en la columna”</i>.Lo que no decía el comunicado es que <b>Néstor Humberto Martínez y su firma sí actuaron ante otro juzgado</b>, el de la jueza Ligia del Carmen Hernández, quien admitió haber <b>recibido plata de Mattos</b> después del fallo. Tenían pactada una comisión de éxito que podía llegar a<b> 4.5 millones de dólares</b> si el despacho le concedía la medida cautelar, que efectivamente le concedió.Esos dos aspectos del caso Mattos también deberían ser investigados.