Licencias urbanísticas en Cali no corren riesgo tras nulidad del POT, dice Alcaldía
La administración solicitó al Tribunal Administrativo del Valle aclarar los efectos de la sentencia.
El marco normativo del POT continuará vigente en todos sus aspectos y consecuencias legales hasta que el Tribunal Administrativo del Valle emita una respuesta. Foto: W Radio.
Cali
En medio de la inquietud generada por el fallo del Tribunal Administrativo del Valle, que declara la nulidad del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Cali del año 2014, los Departamentos Administrativos de Gestión Jurídica Pública y Planeación del Distrito han dado un parte de tranquilidad, aseguran que las licencias urbanísticas y los planes parciales no se ven comprometidos por esta decisión.
La administración municipal anunció que, como medida para mitigar el impacto de la sentencia, solicitó una aclaración sobre sus efectos antes de que se convierta en cosa juzgada. Mientras tanto, el marco normativo del POT continuará vigente en todos sus aspectos y consecuencias legales.
“Se siguen garantizando las solicitudes de licencias urbanísticas, de certificado de uso de suelo y todos los instrumentos técnicos que se derivan de un Plan de Ordenamiento Territorial”, señaló María Ximena Román García, directora del Departamento de Gestión Jurídica de Cali.
Además, subrayan que la renovación urbana del centro de la ciudad y el área de expansión tampoco están en peligro.
Asimismo, la Alcaldía espera que el Tribunal otorgue un plazo de 30 meses para planificar el futuro urbanístico de la ciudad de manera adecuada. Durante este tiempo, trabajarán en la elaboración de un nuevo POT o en la realización de los ajustes necesarios al del año 2000, considerando que el fallo que anula el POT del 2014 no cambiará.
“Dependiendo de la aclaración de la ampliación de la sentencia que nos haga el tribunal, sabremos si esta revisión es de largo plazo o mediano plazo”, agregó Diego Hau, director de Planeación de Cali.
La decisión del tribunal de anular el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) se basó en un presunto vicio de procedimiento, ya que la Procuraduría aceptó la solicitud de impedimento del entonces alcalde Rodrigo Guerrero, quien tenía intereses en tierras de su familia.
Posteriormente, para la firma del POT, se designó como alcaldesa ad hoc a la secretaria de Gobierno, Laura Lugo. Sin embargo, esta decisión fue impugnada por el abogado Gustavo Prado, quien argumentó que era ilegal, ya que la competencia para realizar dicho nombramiento recaía en el presidente de la República y no en la Procuraduría.
