Abren investigación contra fiscales que llevan el caso ‘Marionetas’
El Tribunal Superior de Bogotá compulsó copias para que se investigue posibles conductas penales y disciplinarias de los fiscales que adelantan el caso de las marionetas
Imagen de referencia de juzgados. Foto: Getty Images. / SimpleImages
El Tribunal Superior de Bogotá, con ponencia del magistrado José Joaquín Urbano, compulsó “copias penales con destino a la Fiscalía General de la Nación y disciplinarias con destino a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá para que investiguen las posibles conductas punibles y faltas disciplinarias en las que hayan podido incurrir los fiscales delegados que participaron en las audiencias de imputación del 7 de marzo de 2022 y en las subsiguientes diligencias de verificación del allanamiento pre acordado de este proceso”.
En respuesta al auto del alto tribunal, la Fiscalía General señaló que una fiscal del Grupo de Investigación de Funcionarios de la Rama Judicial (o administración de justicia), adscrita a la Dirección Especializada contra la Corrupción, inició la respectiva indagación.
Agregó el ente investigador que se impartieron órdenes a policía judicial para acreditar la calidad de los servidores públicos y para determinar cuál fue la actuación de los funcionarios que participaron en las actuaciones precisadas en el auto del Tribunal y así establecer si existió o no alguna irregularidad.
En este caso se indaga la actuación de la fiscal Ángela Córdoba y su equipo de investigadores que adelantan el caso conocido como ‘Las Marionetas’.
De acuerdo con el Tribunal Superior de Bogotá, se presentaron posibles irregularidades en las investigaciones que determinaron la responsabilidad de Claudia Marcela Castaño Morales, quien fue una de las personas que movió recursos a cuentas bancarias para pagar coimas en el entramado de corrupción.
Sin embargo, la Fiscalía no determinó la responsabilidad frente a la apropiación de dineros -entre otros de carácter público- y mucho menos la devolución de los mismos en el preacuerdo que se buscó legalizar ante un Juez de Garantías.
En la respuesta a los estrados se indicó por parte de la Fiscalía que para ese caso se adelanta paralelamente una investigación de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Sin embargo, esta respuesta no fue de buen recibo por parte del Tribunal.
“Claudia Marcela, posiblemente, obtuvo un incremento patrimonial, ya que es razonable intuir que una persona que se asoció a una empresa criminal pretende obtener un rédito. Pese a ello, la fiscalía señaló que realizó una investigación integral en la que no evidenció tal incremento, pero no explicó en qué consistieron tales labores. Además, al mismo tiempo y de manera contradictoria, indicó que no era necesario indagar sobre tal obtención irregular de dinero, pues ello forma parte de la posible comisión de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, los cuales están siendo investigados en otras actuaciones”, indica la decisión.
Añadió las consecuencias que esto trae para la firma del preacuerdo mediante la aceptación de cargos hecha ante el juzgado de garantías, que no es otra que el rechazo y el no aval del acuerdo.
“sí es posible inferir el posible incremento patrimonial por parte de Claudia Marcela. Sin embargo, la fiscalía no actuó con la diligencia necesaria para descartar esa situación y, ante tal estado de indeterminación e incertidumbre, no es posible avalar un allanamiento pre acordado”, señala el documento.
Estos son las transferencias que hizo Claudia Marcela por orden de su hermano Santiago Castaño Morales.
“En torno a las transferencias que realizó Claudia Marcela, por instrucciones de su hermano, como contraprestación por la adjudicación del contrato de obra 9677-PPAL001-292-2021, celebrado entre la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y el Consorcio San Miguel, la fiscalía no dijo nada. Aunque esta parte asegure que la procesada no manejó recursos públicos (…)”, señala el Tribunal.
De otra parte advirtió el magistrado ponente que no se entiende cómo si ese dinero lo consignó el Estado a título de “anticipos para ejecutar las obras”, Claudia Marcela no tuvo influencia, al menos, como interviniente en la posible comisión de peculado.
“(…) hay un evidente sacrificio de los fines de los preacuerdos y del proceso penal. Un acuerdo ilegal, dados con múltiples beneficios, y desproporcional. No propicia la materialización de un orden justo, sino que contribuye al desprestigio de la administración de justicia y a incrementar el recelo y la percepción de impunidad que la sociedad tiene de ella”.
