JEP pide respuestas por cartas de ONU que advertían a gobierno Uribe de falsos positivos

La W conoció un oficio que remitió la Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) al Ministerio de Relaciones Exteriores, en el que requirió respuestas sobre las acciones que se tomaron frente a numerosas cartas que la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos envió al gobierno y los entes de control, denunciando casos de ejecuciones extrajudiciales entre 2004 y 2007.

Esto, en el marco de la investigación que adelantan sobre ejecuciones extrajudiciales perpetradas por integrantes de la Cuarta Brigada del Ejército en Antioquia, pero que además pueden servir de insumo para la investigación de carácter nacional, ya que las 24 misivas alertaron casos por varios años como se explicó en precedencia, en distintos territorios del orden nacional.

“...es necesario que se indique quién recibió estas comunicaciones al interior de la entidad, qué acciones se llevaron a cabo (comunicaciones a otras entidades, solicitud de reuniones, etc), los documentos que fueron enviados a otras entidades solicitando información para dar respuesta a estas comunicaciones, a quién fueron dirigidas estas comunicaciones, e indicar si se obtuvo respuesta por parte de estos”, indica el documento en poder de La W.

Dentro de las cartas sobre las que la actual Cancillería deberá explicar las acciones que se tomó en el pasado durante la administración Uribe para darlas a conocer, así como la trazabilidad que tuvieron, se encuentran por ejemplo la radicada por la ONU el 24 de junio de 2004 dirigida al vicepresidente Francisco Santos, alertando de un caso de falsos positivos que comprometía a la Cuarta Brigada.

Pero además, el 12 de octubre de ese mismo año, la ONU le informó en otra carta, al mismo vicepresidente Santos, como afirma la JEP, de otros 4 casos en la Cuarta Brigada frente a los que tenían serias sospechas. Así, durante 3 años fueron enviadas al menos 12 cartas con destino al vicepresidente Santos, poniéndole en conocimiento de graves alertas frente a por lo menos 95 “bajas en combate” que estaba reportando la Fuerza Pública, pero no se conoce qué sucedió con esas advertencias.

El ex vicepresidente, según el reporte de la JEP, no fue el único funcionario al que la ONU le remitió denuncias pidiéndole tomar cartas en el asunto frente a las sospechas de asesinato de civiles para hacerlos pasar como guerrilleros; dentro de la información que tendrá que remitir la Cancillería deberá explicar qué se hizo con las cartas que enviaron las Naciones Unidas dirigidas a los exministros de defensa Jorge Alberto Uribe, Camilo Ospina y Juan Manuel Santos.

En el caso particular de Jorge Alberto Uribe, el Ministerio de Relaciones Exteriores tendrá que explicar qué pasó con una carta que le remitieron el 17 de febrero de 2005 por un presunto falso positivo en Santa Marta, según lo que recabó la JEP.

En relación con Camilo Ospina, el 5 de septiembre de 2005 le denunciaron 18 casos de presuntos falsos positivos que habían sido alertados previamente al vicepresidente Santos, pero también se deberá informar qué pasó con por lo menos cuatro comunicaciones remitidas desde la ONU que contenían información sobre 98 casos hasta el 6 de julio de 2006.

Pero también, será indagado qué sucedió durante el ministerio de defensa a cargo de Juan Manuel Santos, recordando que, según el reporte de las Naciones Unidas, desde el 7 de agosto de 2006 fueron enviadas tres cartas durante ese año dirigidas al ministro Santos poniéndole de presente tres casos con sospechas en Putumayo, Meta y Guaviare.

La jurisdicción asimismo requirió información frente a una carta que enviaron el 11 de abril de 2007 no solo al ministro Santos, también a su viceministro, al canciller Fernando Araújo y al director Presidencial para los Derechos Humanos sobre 84 casos incluyendo los anexos de cada batallón y/o unidad militar implicada en los hechos.

Adicionalmente, la Sala de Reconocimiento de la jurisdicción solicitó a la Cancillería que informe qué sucedió con otra comunicación de importante gravedad, en la que el 4 de mayo del 2007 se le ponía de presente al ministro Juan Manuel Santos, al canciller Araújo y al vicecanciller, 13 hechos con amplios cuestionamientos, ocurridos en departamentos como Nariño, Putumayo, Antioquia, Arauca, la Guajira y Norte de Santander.

En este documento, al que accedió La W, no solamente se piden respuestas frente a denuncias que remitió la ONU al gobierno nacional, sino también a los entes de control. Por ejemplo, la JEP ordenó informar las acciones tomadas por la Cancillería sobre al menos cinco cartas que fueron dirigidas al fiscal general Mario Iguarán, sobre 80 casos de presuntos falsos positivos; misivas enviadas entre el 15 de marzo y el 29 de septiembre del 2006.

También, se indagará por varias cartas que asimismo fueron dirigidas al Procurador General de la Nación de la época, Edgardo Maya Villazón, por 42 hechos constitutivos de supuestas “bajas” realizadas por el Ejército y que en realidad habrían sido falsos positivos.

Toda la información solicitada por la magistratura de la JEP deberá ser remitida a más tardar en 15 días hábiles con el fin de tomar decisiones frente a las acciones que, se tomaron o no se tomaron, frente a las graves alertas que emitieron las Naciones Unidas. De hecho, hace pocos días la jurisdicción interrogó a Christian Salazar Volkmann, exrepresentante de Naciones Unidas en Colombia para los Derechos Humanos, sobre esta macro-investigación.